El segundo de los estudios preparado por la OCDE (presentado a la SEP en enero del 2019) aborda aspectos del mundo laboral del país conectados con la educación superior. Un resumen apretado del texto, intentando captar su esencia, sería el siguiente:
Uno de los problemas más agudos de México es la brecha de productividad y PIB per cápita respecto a otras economías en el mundo
Para superar esa situación, se requiere de mayores avances en materia de productividad, pero también de competitividad, mismas que dependen de mejoras en la calidad de la educación en todos los niveles, ya que las competencias de que disponga la fuerza de trabajo son fundamentales para cualquier economía moderna.
En la educación superior se tienen retos muy específicos en materia de calidad en general, pero también en lo específico: garantizar “que los estudiantes desarrollen competencias relevantes para el mercado laboral”.
De acuerdo con lo anterior, una buena parte de las políticas educativas y laborales deberían dirigirse, precisamente, a lograr dicho incremento en la productividad y competitividad del país. En el contexto de ambas están presentes varios determinantes o condicionantes, entre ellos: a) la enorme desigualdad en el ingreso económico de la población; b) el gran peso de la informalidad; c) el predominio de microempresas e industrias tradicionales; d) la escasa inversión en investigación y desarrollo, así como en la infraestructura nacional en estas materias.
- Según la OCDE, en torno a aquellos dos retos principales, se yerguen varias situaciones específicas que es necesario superar. En primer lugar, La preparación de los egresados de educación superior tiene una disparidad con las exigencias del mercado laboral. Muestra de ello es que uno de cada dos egresados ocupa un empleo que no requiere educación superior; a la vez, uno de cada cuatro está en la economía informal; las mujeres egresadas tienen una condición menor que los varones, su tasa de empleo es menor en 14 por ciento respecto a estos últimos; la demanda de las empresas por recién egresados es limitada, ya que se desconfía de sus competencias.
En segundo término, por lo que corresponde estrictamente a las IES, la matrícula actual de licenciatura, casi en un 50 por ciento, se sitúa en programas que no han sido evaluados o acreditados por un organismo externo. Además, “no existe una cultura sólida de aseguramiento interno de la calidad en todo el sistema de educación superior”. La educación a distancia y en línea sólo participa con el 15 por ciento de la matrícula de licenciatura, teniendo la educación privada una cuarta parte del total; una limitación enorme de esta modalidad consiste en que “la calidad de estos programas genera preocupación y no existen criterios establecidos para su evaluación y acreditación”. El servicio social, que formalmente debe dotar de capacitación como uno de sus objetivos, está operando con deficiencias toda vez que tiene una legislación confusa.
Tercero, en la interrelación de IES y aspectos laborales: Los egresados de educación superior, aparte del problema que representa ubicarse en el mercado informal, suelen estar sobre-calificados para los empleos que terminan ocupando; pero también, existe un desfase entre los egresados de educación superior, las capacidades y habilidades, frente a las necesidades del mercado laboral.
Cuarto, por lo que toca a ciencia y tecnología, la capacidad de innovación, tanto en el sistema de educación superior como en el científico y tecnológico, es muy limitada. En cualquier comparación internacional, el país va a la zaga. Así, en el indicador de investigadores dedicados a I+D, México tiene 0.7 por cada mil trabajadores, frente al promedio de la OCDE de 7.7. A todo esto, habría que sumarle el hecho relativo a que en las empresas mexicanas no existe una cultura de capacitación: según la OCDE, esto se debe en buena medida al alto porcentaje de empresas que operan en la economía informal, así como la idea de los empleadores relativa a que cualquier programa de capacitación incrementaría las posibilidades de abandono laboral en búsqueda de nuevos horizontes.
Conclusión: lo presentado por la OCDE significa una situación difícil en una materia muy sensible para el desarrollo del país a partir de una educación de calidad en todos los niveles y en la disponibilidad de una población con una fuerza de trabajo calificada. A semejanza del diagnóstico sobre educación superior, éste (relativo a su interrelación con el mercado laboral), no aporta situaciones novedosas; su mérito es la integración de elementos diversos y, en todo caso, algunas recomendaciones pertinentes para el momento actual del país. A esto se dedicará el espacio la próxima semana.
El estudio presentado por la OCDE a la SEP, en enero pasado, ilustra una situación muy sensible para el desarrollo del país: la necesidad de contar con una educación de calidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional (SEN), así como la urgencia para disponer de una fuerza de trabajo mejor preparada. Tal fue la conclusión que se desprende de la primera parte de este texto (Campus 790), dedicado a exponer los problemas observados por aquella organización en las relaciones que se dan entre educación superior y mercado laboral. La entrega de hoy se propone resumir algunas de las soluciones que en el mismo documento se ofrecen, así como analizarlas, aunque sea brevemente.
- Una vez hecho el diagnóstico, la OCDE propone 26 recomendaciones. Estas se clasifican en tres distintos campos. El primero se refiere a “alinear la educación superior con las necesidades cambiantes del mercado laboral”. Posiblemente la más importante recomendación sea la relativa a desarrollar una estrategia nacional que permita integrar a la educación superior y al propio mercado laboral. Esta estrategia se constituiría en un marco para impulsar iniciativas en ese terreno, de tal forma que se garantizara una coordinación y colaboración eficaces entre los diferentes órdenes de gobierno, las IES y los diversos agentes sociales.
El segundo campo se refiere a “ayudar a los estudiantes a tener éxito en la educación superior y en el mercado laboral”. Una recomendación sobresaliente es la relativa a fomentar la contratación de profesores que ejerzan también como profesionales y expertos en la industria. Aunque en el documento no se dan detalles, tal tipo de incorporaciones, que deberían fundamentarse en capacidades y experiencias profesionales plenamente demostradas, exigiría un estatuto especial de adscripción, distinto al del personal ordinario de cada una de las IES. Posiblemente un programa nacional en la materia sería el marco adecuado para ello, pero también, dichos profesionales deberían provenir no solo de la industria, también de los sectores primario y secundario de la economía.
El campo tres se refiere a “coordinar el Sistema de Educación Superior para mejorar los resultados y la relevancia para el mercado laboral”. Una de sus recomendaciones es destacable: “instaurar un organismo nacional que coordine las iniciativas de educación superior entre el gobierno federal y los gobiernos estatales”. La propuesta se remite expresamente a las Coordinaciones Estatales de Planeación de la Educación Superior (COEPES ), figura creada por la Anuies en 1989 y adoptada de tan buen grado por el gobierno federal que le otorgó recursos para su operación durante 15 años. El entusiasmo y acciones realizadas durante los primeros seis años fue enorme, pero después languidecieron. Actualmente todavía existen estas comisiones en varias entidades federativas (de manera notable en Guanajuato). Su defecto principal es que nunca se formalizaron debidamente. Ahora, con lo ya mencionado por la OCDE y enfatizado por el secretario Moctezuma, podría aprovecharse el proyecto de ley que ya tiene la Anuies y avanzar más eficazmente en ese terreno.
Conclusión: como se ha constatado desde la primera vez que la prueba PISA ofreció resultados para México, la baja calidad de la educación básica nacional es su talón de Aquiles. El problema se extiende a los niveles más avanzados del SEN. Para el superior, en su relación con el mercado de trabajo, la frase coloquial es muy elocuente: ‘faltan profesionales para muchos puestos de trabajo, pero también sobran muchos’. Las consecuencias sociales y personales del caso se manifiestan en el subempleo o la franca desocupación. No se pretende que haya una total sincronía entre ambos sistemas, pero también no tanta disparidad que se traduzca en dispendio de recursos públicos (o, para decirlo suavemente, en una inversión social menos productiva) o en frustraciones personales y familiares. El dato de la OCDE, y de agencias mexicanas (como Man-Power) es aún más expresivo: “cuatro de cada cinco empleadores mexicanos declaran tener dificultades para cubrir vacantes…”. Si lo propuesto por la OCDE tiene visos de realidad, habría que hacer una distinción que esa organización elude: las IES no son todas de la misma naturaleza, hay mucha diferencia respecto a las autónomas y aún entre éstas últimas.
