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Miércoles, Noviembre 06, 2024

En realidad, no existe la filosofía en general: existen diversas filosofías o concepciones del mundo y se hace siempre una elección entre ellas. ¿Cómo se realiza esa elección? ¿Es un hecho meramente intelectual o algo más complejo? Y ¿no ocurre con frecuencia que entre el hecho intelectual y la norma |de conducta exista contradicción? ¿Cuál será entonces la verdadera concepción del mundo?: ¿la afirmada lógicamente como hecho intelectual, o la que resulta de la actividad real de cada uno, que está implícita en su actuación? Y puesto que el actuar es siempre un actuar político, ¿no se puede decir que la filosofía real de cada uno está contenida toda ella en su política?

Antonio Gramsci

Introducción

Los gobiernos en las modernas democracias, en las escalas local, estatal y federal deben ser los gestores y mediadores de los disensos que abonan a la amplia detección, discusión, propuestas y búsqueda de consensos para la solución de los problemas ambientales y proponer alternativas de solución en los distintos niveles, junto a los grupos de interés: investigadores, sociedad civil, partidos políticos, empresarios, activistas, etc. para la planeación, financiamiento, toma de decisiones, ejecución, evaluación y mejora de la política pública en general y en materia ambiental en particular.

Lo anterior, tiene además un sentido de urgencia en un contexto de policrisis planetaria desencadenada y desbocada por un modelo hegemónico de producción y consumo dominante que resulta evidente en fenómenos como: crisis climática generalizada; crisis de civilización representada por el quebranto en la esperanza de futuro y dominada por la incertidumbre; de afectación a los ecosistemas marinos y terrestres y la perdida incontenible de la base natural del planeta; de alternativas para desarrollo económico y social; intensificación de una migración por causas ambientales, falta de desarrollo y pobreza extendida por el mundo; acumulación de riqueza, inequidad, exclusión y desigualdad; pérdida de biodiversidad y violencia, entre otros componentes.

Los elementos de la crisis son aún más graves --como lo señala Adam Tosse- cuando se van sumando y acumulando. Una policrisis no es sólo una situación en la que nos enfrentamos a múltiples crisis no resueltas. Esta es una circunstancia en la que el conjunto es todavía más peligroso que la suma de las partes (Holcblat, 2023)

Al interior de esta crisis múltiple hay una complejidad que resulta cada vez con menos margen de maniobra para los gobiernos de la región latinoamericana. Fernando Tudela- por largo tiempo ligado a la planeación y gestión ambiental federal en nuestro país- describe otros ingredientes en el entramado que dificultan el consenso ambiental:

Frente a las carencias y dificultades crónicas, el efecto sinérgico de la caída del producto por habitante, la mayor polarización social, el aumento del subempleo y el desempleo, la reducción del poder adquisitivo de la mayoría de la población, la compresión del gasto público y la merma consiguiente de las prestaciones sociales con cargo al estado se traduce en un deterioro de la calidad de vida de la región (Tudela, 1987)


En este contexto global, regional y nacional la Educación ambiental resulta un instrumento potente y de aplicación impostergable en este desafío e integración desde los todos los ámbitos educativos formales, no formales, informales y virtuales para: sensibilizar, comunicar, informar, compartir, dialogar, formar y transformar la situación de la sociedad con la naturaleza en términos históricos, complejos, procesuales y en el momento actual de crisis de civilización hacia un cambio de era.

La compleja conexión, también con múltiples aristas, entre la administración y gestión gubernamental y la Educación ambiental ya lleva medio siglo (estimamos que, desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo, Suecia, en 1972) intentando proponer planes, estrategias y detonar e instrumentar tácticas educativas ante el daño ambiental en los ecosistemas de nuestro planeta, con diversos resultados.

El presente capítulo está dividido en cuatro segmentos, en los que se presenta un avance de esta vinculación, reconociendo que en cada uno de ellos existe materia e interrogantes que se pueden seguir explorando y ampliando.

En el primer apartado trataremos de entender las razones y conexiones del tópico Balance y visión estratégica sobre educación ambiental en la administración pública, partiendo de un escenario general y comenzando con algunas coincidencias o similitudes generales que observamos en ambos campos de pensamiento, movilización y acción.

Después haremos una breve aproximación teórica de lo que creemos es, o debería ser, una Administración Pública pertinente eficiente y eficaz: que se someta científicamente lo que se tenga que hacer junto con la sociedad civil y que se haga de la mejor forma con los recursos disponibles, para el beneficio social y ambiental y el bien común.

En el tercer fragmento del capítulo daremos una visión, también acotada, de lo que ha sido la Educación ambiental en la Administración Pública en México. Para finalizar, en un cuarto momento, señalaremos la historicidad, amenazas y agenda pendiente y pasaremos a dar algunas recomendaciones y conclusiones.

De inicio compartimos algunos de los elementos que la Administración Pública debe tener de base para gestionar las políticas públicas, pensando en particular en la Educación ambiental más un campo científico que fundamente las mismas, un marco referencial y legal, una (o unas) institución(es) anclas diseñadas y sostenibles permanentemente, financiamiento pertinente, planeado y necesario, planeación estratégica y visión de futuro, pautas de operación, personal formado técnica y teóricamente, instrumentos de evaluación y mejora continua, como una espiral siempre en ascenso.

También señalamos puntualmente que la Administración Pública en una república democrática corresponde al dictado del poder ejecutivo, por lo que pasa por procesos electorales y de elección de actores y proyectos, que dan legitimidad en los tres órdenes de gobierno (nacional, estatal, local o municipal), amparado en una Constitución Política, como gran marco del estado de derecho, que es base y fundamento de este.

El gobierno es un componente esencial del Estado, dado que éste es un organismo complejo que puede expandirse para su análisis a elementos como la población; la soberanía; el territorio; instituciones administradoras, reguladoras y limitadoras; un mercado interno; leyes, normas generales y específicas que posibilitan la impartición y procuración de justicia que regulen o restrinjan con base en la ley el actuar ciudadano; una moneda nacional; acuerdos internacionales vinculantes; red de caminos y carreteras; culturas y lengua común; identidades y símbolos nacionales y culturales; aparatos hegemónicos, coercitivos y/o persuasivos, fuerzas militares; factores reales y formales de poder, protección de fronteras y recursos naturales; red o sistema educativo articulado; sistema penitenciario y de salud nacional; políticas de urbanización, vivienda y ordenamiento territorial; mecanismos de protección a los consumidores, etc.

La voluntad de poder, ambición y entidad totalizadora que es el Estado, Gabriel Zaid la resume así, no sin cierta ironía:

El estado no actúa como instrumento de la sociedad. Actúa como si fuera una persona: como un fin en sí mismo, como alguien cuyo verdadero fin fuera existir, crecer, multiplicarse, entregado a su vocación que es la totalidad. Al estado le conviene que haya males sociales que remediar, y que nunca se acaben, como a los médicos les conviene la enfermedad y a los enterradores la muerte: para darle sentido a su existencia, ventas a sus servicios, demanda a su oferta (Zaid, G, 1982)

Por eso al diferenciar gobierno y Estado acotamos: el capítulo, no trata de los males que el Estado quiere curar, sino de la Administración Pública y algunas de sus vinculaciones con la Educación ambiental (Ramírez, 2015)

En consecuencia, en la Administración Pública no se estudian a profundidad los poderes parlamentarios y judicial, aunque sí sus determinaciones en la construcción y la ejecución de las políticas públicas y a los tres niveles de gobierno antes citados.

En el caso de México, Escárcega (2009) resume el papel del poder ejecutivo en la estructura de Administración Pública Federal y el órgano responsable de la Educación ambiental:

El Poder Ejecutivo Federal es el poder público, ejercido en interdependencia con las funciones legislativas y jurisdiccionales, a través de la actuación de un conjunto de órganos de autoridad jerárquicamente estructurados y se manifiesta en actos de autoridad de carácter administrativo, los cuales son concretos, particularizados e individualizados.

Es el órgano al que le corresponde la función de Gobierno y la Administración Pública Federal y es considerado como la función pública distribuida en órganos del Estado que se encuentran vinculados en una estructura sistematizada y en un cuadro de relaciones jerárquicas. En este sentido, como sabemos, dentro del Poder Ejecutivo Federal las atribuciones en educación se depositan en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y en materia ambiental le corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (Semarnat).Dentro de su estructura se contempla el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu), el cual se vincula con la SEP para establecer convenios de colaboración y programas de educación ambiental formal(Escárcega, C. 2009, p.3).

Asimismo, en este capítulo nos proponemos indagar sistemáticamente sobre las formas en que la Educación ambiental se ha relacionado con los gobiernos particularmente desde la teoría, la legislación, las políticas públicas y las formas de gobierno para entender con prospectiva histórica algunas tendencias.

Los cuatro propósitos explícitos con los que queremos iniciar para detonar un debate de mayores dimensiones son:

  • Realizar un comparativo de ambos capos interdisciplinarios para hacer evidente qué tienen en común y en qué se excluyen;

  • Determinar la importancia del análisis de la Administración Pública como un campo teórico y las formas de gobierno que han implementado programas de Educación ambiental;

  • Proponer y delinear algunas bases que colaboren a evaluar el impacto de la Educación ambiental como política pública en nuestro país, y ;

  • Analizar las tendencias presentes y futuras de la Educación ambiental en la sociedad civil y en el gobierno.

I.- Analogías detectadas entre estos campos de acción y conocimiento

Siguiendo una pauta metodológica usaremos la vertiente analógica que posibilita, con una comparación de categorías, la búsqueda de coincidencias entre las esferas que trabajamos, así, podemos destacar que la Administración Pública comparte con la Educación ambiental como campos de conocimiento y acción por lo menos cinco factores, estos son:

1.- Son diseñadoras y articuladoras de procesos. La parte procesal que las hace evolucionar constantemente, en una evolución de construcción y avance sin fin visible. La primera palabra con la que se define Educación ambiental es ser un proceso educativo y los gobiernos son caracterizados por acciones plasmas en un plan (con fines, medios y responsables) del que tienen que mostrar logros en un determinado tiempo, espacio y gestión. Estos tres elementos son ineludibles en los procesos educativo ambiental y en administración que siempre están en avance y cumpliendo con los ingredientes metodológicos y dando respuesta a interrogantes, a saber: qué, porqué, dónde, cuándo, con qué, cómo, para qué y para quién. Los ámbitos de acción son distintos, pero la idea de dar pasos ordenadamente hacia un logro, meta o propósito es una primera coincidencia.

2.-El componente interdisciplinario. Sea el origen disciplinar que se le quiera adjudicar a la Administración Pública como puede ser el Derecho o la Administración de Empresas, la Ciencia Política o en la Educación Ambiental a la Biología, la enseñanza de la ciencia o la Pedagogía, la Ecología, la Educación, las Ciencias Ambientales. etc. ambos campos se han convertido en campos interdisciplinarios que han ido integrado, articulando y enriqueciendo a su campo de otras disciplinas, saberes, prácticas, metodologías, categorías y obligado a abrir el debate y avance a su interior y fortalecer sus dominios.

3.- Como campos de batalla teóricos. Dentro de ambos campos la discusión, desde distintas posiciones a veces antagónicas, es grande , se profundiza y amplía todos los días siendo receptoras de discusiones de diversos enfoques epistemológicos, ideológicos, ideas, teorías, categorías, conceptos, técnicas y herramientas diversas. La guerra de ideas, de posiciones y oposiciones al interior es rica, estratégica/táctica, desafiante y también interminable. Cada gobierno, aún con semejantes ideologías, pretende aportar, inventar, diferenciar o innovar en el arte de la gerencia a la complejidad de la función pública, así como, por ejemplo, los educadores ambientales formados ven con asombro algunas prácticas de lo que se quiere entender como Educación ambiental cada vez más ligera, superficial, empírica, des contextuada y poco reflexiva. La batalla interna en ambos campos es la tercera coincidencia, en la que la neutralidad queda descartada y la objetivad incluso polarizada, debe ser asumida.

4.- La mirada contextual planetaria. La determinante internacional es un factor fundamental de ambos campos interdisciplinarios. La ciencia no pude ser nacional. Es global y expuesta a lecturas planetarias. Desde la ya referida Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (1972) en Estocolmo, hasta los Objetivos del Desarrollo Sostenible, 2030 (2015), han existido diferentes aportes con que la Educación ambiental se ha constituido y reconfigurando en el mundo entero, así como los gobiernos a veces operan como si lo externo, lo internacional, no existiese o , por el contrario, se suben a olas, tendencias, líneas o mandatos de organismos internacionales que pueden devenir en pérdidas sistemáticas de autonomía por mandatos como el libre mercado, el dogma neoliberal o el dominio del estado y la austeridad hasta la asfixia de los organismos públicos.

En este plano internacional, por ejemplo, en 1975, en la Carta de Belgrado se da un avance significativo en el compromiso, enfoque y finalidades que deben asumir gobiernos y ciudadanías del planeta entero con respecto a la Educación ambiental:

En la Carta de Belgrado (1975) se establecen directrices básicas, objetivos y metas de la educación ambiental con miras a alcanzar una mejor calidad de vida para las actuales y futuras generaciones. Se plantea la necesidad de reconsiderar conceptualmente el término “Desarrollo”, para lo cual la Educación Ambiental será la herramienta propicia para generar una nueva ética en las relaciones hombre-naturaleza. En tal sentido, se recomiendan ocho aspectos básicos como principios de la educación ambiental, con el predominio de considerar el ambiente como una totalidad de intereses donde confluyen el hombre, lo ecológico, lo económico, tecnológico, social, legislativo, cultural y estético. Pero, además, considerando necesario aplicar un enfoque interdisciplinario e histórico promoviendo la cooperación en la solución de los problemas ambientales (Zabala, I y García, M. 2008, 10),

5.- El imperativo ético de lo político. La Administración Pública es el lugar en el que la guerra de posiciones sociales sobre el ambiente se tiene que resolver por medios pacíficos, racionales y de intervención pública; es el lugar del gobierno y sus mandatos con sus siempre importantes oposiciones. La política es el espacio en que el conflicto se tensa por los intereses encontrados. El dispositivo político colabora en ventilar a la luz pública, argumentos en los que lo ético debe ser un valor definitorio, diferenciador e inquebrantable.

Lo político permea en este siglo XXI casi cualquier toma de decisiones y con frecuencia las disputas y las polarizaciones pasan por lo educativo. La Educación ambiental no es ni puede en este contexto ser neutral. El compromiso con la transformación ética del mundo ha estado presente desde sus inicios y en sus prácticas a lo largo de este medio siglo.

La apuesta a la vida, la sustentabilidad, al buen vivir, al desarrollo de base de las comunidades, al derecho consagrado en leyes, al derecho al territorio, agua y los recursos naturales y a las autonomías son partes de este imperativo ético, que comparten estos dos campos de conocimiento y acción.

Otros ingredientes irrenunciables como el estilo de desarrollo, la ética y la pluralidad de elementos que hay que integrar en términos interdisciplinarios cambian para siempre la articulación que estamos documentando en este capítulo, comprometiendo a la sociedad, gobiernos globales y ciudadanía con la educación ambiental.



II.- Algunos elementos fundamentales de la Administración Pública en materia ambiental

Quebrantemos el binomio por un momento. Enfoquemos en el ser y deber ser de los gobiernos para aproximarnos y poder ver más de cerca conceptos que constituyen los gobiernos.

La Administración Pública significa la gestión de los asuntos de la ciudadanía como elementos de un Estado y una comunidad que se gobierna; sus acciones y sus bienes. La gestión pública, entraña la provisión de los servicios que requiere esa comunidad y que toma la apariencia de bienes indivisibles. Del concepto de ciudadanía derivan los conceptos de interés, patrimonio y utilidad pública. Lo público son componentes como el agua, el ambiente, los caminos, los canales e infraestructura para satisfacer necesidades colectivas (Guerrero, 2018, 12).

Por lo anterior, la Administración Pública es la acción o práctica social gubernamental desempeñada por profesionales en posiciones de responsabilidad en relación con la toma de decisiones en organizaciones públicas (Ramírez, E. y Ramírez, J. 2010,64). Sus compuestos y tareas son:

  • Aplicar métodos y conocimientos racionales, explícitos y modernos en la práctica de las políticas de gobierno para resolver con mayor eficacia los problemas de la población (Edrad, M. 2010, pág.9).

  • Como lo aseguramos más arriba, la práctica de la Administración Pública debe estar fundada en las leyes, reglamentos y normas aprobadas por los marcos jurídicos de las naciones.

  • La Administración Pública tanto para su estudio como aplicación debe tener como referente la ciencia y los problemas reales. El saber científico es en todo momento clave en la toma de decisiones con un impacto en mejoría de las condiciones de bienestar de las personas y la preservación y aprovechamiento sustentable de la naturaleza.

  • Debe partir de una planeación que debe ser participativa, estratégica, prospectiva y sustentable (como lo señala el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). El gobierno debe ser abierto y la gobernanza una práctica cotidiana en que la sociedad civil informada participa propositivamente en vida pública.

  • La Administración Pública debe ser cuidadosa, responsable y apta para la utilización, cuidado y ejercicio de los recursos públicos.

  • Debe ser practicada por especialistas formados, actualizados y capacitados de un servicio civil en los tres niveles de gobierno. La Administración Pública no es lugar para la improvisación y las buenas intenciones

  • El diseño de las instituciones públicas o anclas debe ser abierto, plural, sólido, humanas y horizontales. Evitar ser jerárquica, personal y burocrático

Algunas actividades de la Administración Pública, dadas las dimensiones del Estado, son la de seguridad, fomento y presentación de servicio públicos, la potenciación de la actividad económica (Encarnación, 2009, 9) y, sin lugar, a dudas la educación y la protección al ambiente. Cada uno de los cuales está sujeto a diversas interpretaciones. También dependiendo del marco jurídico de cada estado, la Administración Pública tiene una serie de garantías individuales en el que los gobiernos deben intervenir socialmente: educación, salud, cultura, seguridad social, servicios sociales, deportes, acceso a la información, protección de los consumidores y preservación y cuidado del ambiente.

En el caso de las políticas públicas ambientales y la educación ambientales no es excepción, existe una concurrencia con competencias específicas definidas por la ley de igualdad de derechos y responsabilidades entre los niveles de gobierno en la toma de decisiones. Por lo que desde hace tiempo Agranoff(1997) recomendaba considerar:

  1. Los vínculos que surgen de los imperativos funcionales de la coordinación de los programas;

  2. Las múltiples instituciones (públicas y privadas) que intervienen en los mismos programas;

3) La autoridad legal y la responsabilidad financiera del gobierno central, que necesitan combinarse con la prestación de servicios locales, y;

4) La participación de los gobiernos en la búsqueda de las soluciones consensuadas en programas nacionales promovida por el deseo de permitir que las comunidades intervengan en el proceso de adopción y adaptación de decisiones.

Por su parte Rose (1985), propone: las políticas públicas unen lo que las constituciones dividen. Es decir, la interacción social y la búsqueda del consenso debe partir de la ley, para ser superada en la interacción responsable entre sociedad civil y gobiernos para una vida mejor y sustentable.

En la actualidad existen organismos internacionales- como el Word Justice Projet que se encargan de medir el avance o retrocesos de los países con relación a la práctica cotidiana del Estado de derecho por los gobiernos. ¿Qué indicadores miden?: límites al poder gubernamental; ausencia de corrupción; gobierno abierto; derechos fundamentales; orden y seguridad cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. En 2023, el gobierno de México ocupó el lugar 116, muy lejos de los países nórdicos que ocupan los primeros lugares (Mota, S. 2024, 47)

Todos los anteriores indicadores para medir el avance en el Estado de Derecho son relevantes y de cada uno se podría hablar ampliamente, sin embargo, como se puede observar, el derecho y la política y la educación ambiental no orbitan aún en ese sistema de evaluación de gobiernos globales.

III.- Revisitando la Educación ambiental

Por su parte, aproximándonos a la otra variable motivo de este texto, se puede afirmar que la Educación ambiental es mucho más hoy que hace cincuenta años. La Educación ambiental se fue cimentando, configurando y constituyendo en encuentros, lineamientos, desencuentros y acuerdos internacionales y nacionales como un proceso transdisciplinario y de recuperación de contextos, casos y saberes que trataba de hacer comprensible la compleja red de conexiones entre sociedad y naturaleza y en los procesos sociales y de desarrollo, así como aprendizajes en ámbitos académicos, extraacadémicos y tecnológicos en el contexto de una crisis de civilización. Es un campo científico de práctica educativa vivo, indispensable y con una dinámica importante, aunque a veces, marginado institucionalmente. La Educación ambiental es una práctica educativa, un campo interdisciplinario y una base fundamental de gran número de políticas públicas y también un ingrediente activo en los movimientos ambientales y de resistencia.

En México, la Educación ambiental es definida, en su parte conceptual, en el artículo tercero de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) como:

Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas más racionales a favor del desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida.

Es un concepto de la máxima ley ambiental, es limitado e incluso rebasado teóricamente pero tiene avances (sobre todo si se le compara con el original, en esta misma Ley que hacía equivalentes la Educación ambiental con la Ecología) no asocia a esta educación con la sustentabilidad, y todavía son difusos los responsables, pero sí incluye a la sociedad en su conjunto, no restringe la educación ambiental a los espacios escolarizados e incluye términos como valores y competencias que hoy es necesario revisar. Es necesario reconocer que en algunas Leyes estatales referidas al ambiente y educación se está avanzando en este concepto (Gómez, E.2022 p. 53)

En relación con la formulación y la conducción de la política pública por parte del gobierno federal, la normatividad ambiental mexicana se funda en veinte principios, señalados en el artículo 15 de la misma LGEEPA en los que son apreciables la visión de largo plazo, la prospectiva y la sustentabilidad de los recursos. Por su importancia los reproducimos, haciendo énfasis en particular en la fracción XX dedicada en forma explícita a la educación ambiental, en el que el valorar comienza a tener sentido:

La educación es un medio para valorar la vida a través de la prevención del deterioro ambiental, preservación, restauración y el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y con ello evitar los desequilibrios ecológicos y daños ambientales.

Está analizándose, escribiéndose y por evaluarse lo que en estas cinco décadas ha avanzado o retrocedido la Educación Ambiental en México impulsada por nueve gobiernos federales y una considerable cantidad de gobiernos estatales y municipales. Esta es una tarea ardua pero indispensable en un balance que ya hemos comenzado.

El camino de la Educación ambiental, por ejemplo, en el Sistema Educativo Nacional ha sido largo, sinuoso, lleno de matices, pequeños avances, cambios de dirección, distorsiones, luchas, posicionamientos, imposiciones y resistencias, olvidos, con tensiones en los planos internacional, nacional y local.

Lo que nosotros hemos sostenido es que, por lo menos, en estas cinco décadas han existido dos tipos de educación ambiental, a saber: la que se genera con los representantes de los gobiernos en conferencias, reuniones, acuerdos y objetivos internacionales en las que se dictan iniciativas generales, metas a cumplir y líneas de acción y, a contrapelo, una educación ambiental desde la base social ante problemáticas ambientales, comunitarias o locales e incluso escolares concretas que tan pronto se identifican con los educadores del campo ambiental, opera un cambio importante convirtiéndose en un discurso socialmente crítico y radical en su carácter de resistencia, resiliencia, movimiento y propuesta social. Esta forma de entender la Educación ambiental busca la reflexión e interacción de la realidad ambiental, social y educativa considerando ser portadora de elementos culturales y contraculturales para lograr una voluntad transformadora, a ras de suelo en las comunidades, en los ámbitos educativos, procurando su transformación y teniendo en cuenta la especificidad social y cultural. Como se puede inferir la Educación ambiental desde arriba está más ligada a los gobiernos y la desde abajo a la ciudadanía.

Contamos ya esta historia en El libro La mar y el ancla. Mostramos que de los últimos sexenios sólo en uno de ellos (1994-2000) se construyó y aplicó una política ambiental integral con repercusiones nacionales y se practicó una Educación ambiental institucional y con todas las bases de la mesa referidas en la introducción de este capítulo y ligada a la participación ciudadana.

También existió, en este sexenio un financiamiento presupuestal para el sector ambiental, que después del año 2000 fue decreciendo sistemáticamente. Con el nuevo milenio el dogma neoliberal se radicalizó en términos económicos, sociales y políticos dominó y el gasto público casi fue extinguido. La política ambiental fue cayendo en el vacío, del cual no termina de aterrizar.

Como asegura Laval y Dardot - referidos Edgar González (2020)- al respecto del neoliberalismo, éste: no es un modelo de desarrollo; es una ideología que acompaña a un eficiente sistema normativo; administra también la conducta de los sujetos, buscando conseguir un autogobierno del propio sujeto; es productor de cierto tipo de relaciones sociales, y; “tiende a ‘totalizar’ a ‘hacer mundo’ mediante su poder de integración de todas las dimensiones de la existencia humana. El papá Francisco en la encíclica Fraterni Tuti ha definido al dogma (verdad de fe) neoliberal como : pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente

En el 2018 pensábamos que nuevos vientos soplarían a favor de la Educación ambiental con un gobierno electo, de izquierda, que repetiría todos los días que estaba contra el neoliberalismo. Además, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales la encabezaría uno de los principales teóricos de la Ecología Política y el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, institución ancla de educación ambiental en nuestro país, estaría como director un educador ambiental respetado y con larga militancia en nuestro campo. Se hicieron reuniones en la transición de un sexenio a otro, se convocó a lo más granado a hacer propuestas de un plan nacional que reviviera y vigorizara la Educación ambiental. Todo se esfumó poco tiempo después. La política ambiental del país y gestión de la educación ambiental se volvieron invisibles y sin ningún resultado.


IV.- Periodización, financiamiento y diáspora actual

Teresita del Niño Jesús Maldonado (2023), que laboró por más de dos décadas en el sector público de la educación ambiental federal, propone una interesante periodización de la institucionalización de la educación ambiental. Dividiendo en cuatro etapas el proceso institucional.

La primera etapa la podemos nombrar: Irrupción internacional/institucionalización nacional, comprende dos décadas:1972- 1995, parte de cómo los acuerdos en las Conferencias Internacionales en Educación Ambiental fueron siendo asimiladas por las leyes y la creación de organizaciones gubernamentales de Salud, Educación, Ecología y más tarde Medio ambiente, dedicadas a la educación ambiental.

La segunda etapa de 1995 al 2000, llamémosla el inicio del posicionamiento de la sustentabilidad a nivel institucional, retomará institucionalmente los acuerdos de Río y la Agenda XXI, nacieron con gran vigor la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con diversas subsecretarias e institutos como el Nacional de Ecología y la Procuraduría Ambiental y el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable. La dimensión ambiental da la batalla con diferentes resultados en el Sistema Educativo Nacional.

La tercera etapa, va del 2001 al 2012 y despega con el planteamiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en organismos internacionales como las Naciones Unidas se impulsa la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible que daría pocos resultados en su implementación. Aunque en los planes de gobierno y de desarrollo la educación ambiental se hace explicita la ruta también se pierde en la operación de distintas Cruzadas y Campañas.

La cuarta etapa del 2013 al 2022, está marcado por el cambio climático, tanto por sus efectos (intensificación de huracanes, ciclones, etc.) como por su reconocimiento por científico que logra el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Institucionalmente el dinamismo organizacional de las primeras décadas de la educación ambiental queda perdido por los ajustes laborales y los recortes presupuestales, disfrazados de austeridad republicana.

El contexto de las políticas ambientales de 1982 a 2018, fue absolutamente restrictivo en el ejercicio del gasto público y particularmente en el financiamiento del cuidado y protección del medio ambiente, salvo la excepción que ya señalamos. Elba Matilde Loyola (2017) documenta que el gasto público es la herramienta estratégica de los gobiernos para implementar políticas públicas e incidir en la economía y los sectores sociales. La misma investigadora ha mostrado como ante los recortes presupuestales y la reducción sistemática del gasto público uno de los sectores más desfavorecidos es el de la política ambiental. Casi en todos los sectores – Educación, Salud, Vivienda, y Protección Social la caída en la partida presupuestal ha sido consistente, pero en sector ambiental ha sido drástica y profunda (Loyola, E. M, 2019, 139).

A lo anterior, habrá que sumarle que la Educación ambiental, se encuentra restringida financieramente dentro del sector ambiental y el educativo. Lo que hablaría de una doble o triple marginación desde la mirada del ejercicio del financiamiento gubernamental. Se ha dejado como una intersección cada vez menos necesaria desde la óptica de los últimos gobiernos, que han sido de distintas ideologías.

En el sector académico, desde la educación básica al nivel superior y en las prácticas de la sociedad civil, en el último lustro, se observa en la Educación ambiental en México un proceso de diáspora discursiva y práctica, acciones distintas, pero sin ninguna coordinación ante la inoperancia de los gobiernos federales en los últimos sexenios en esta materia.

Los educadores ambientales marchan a la deriva sin vínculos con el gobierno. Tienen muchas dudas: ¿Qué es y qué hace lo que fue el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU) quién lo dirige? ¿A qué se dedica?¿ Existen todavía las Delegaciones de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en los Estados de la República mexicana?¿ Hay algún vestigio de los principios, acciones y prácticas de la Educación ambiental en la Administración Pública en la gestión sexenal actual?

.Antes estas dudas tenemos que decir que existen respuestas en diversos estados de la república mexicana que realizan planes estatales de educación ambiental y centros – parques, zoológicos, campamentos, equipamientos, etc.- que incluyen en sus estructuras administrativas secretarias de Sustentabilidad o del Medio Ambiente y áreas, direcciones o subdirecciones de Educación ambiental. Podríamos citar los casos como los de Aguascalientes, Jalisco, Coahuila, Chihuahua, etc. por ejemplo. Estados gobernados por diferentes partidos, pero con larga tradición de militancia ambiental de parte de la gente.

De la misma forma desde lo local en Municipios y alcaldías con exiguos financiamientos hay gente realizando Educación ambiental, con diversos resultados. Es una tarea que tenemos pendiente: iluminar y sistematizar estas tendencias, acciones y prácticas en centros y equipamientos estatales y locales. Indagar esta hipótesis: si a menor interés federal por la Educación ambiental hay trabajo en los municipios y estados que resisten proponiendo un sin número de alternativas y coordinándose gobiernos y sociedad civil.

Ya no estamos en tiempos de matices o postergaciones. Sequias, migraciones, huracanes, pérdida de cubierta vegetal, desbordamiento de ríos, se manifiestan con mayor crudeza en México. Es necesario políticas públicas desde arriba y también desde abajo en Educación ambiental que prevengan y formen complejamente ante las amenazas a la especie humana y otras formas de vida real y latente en estos tiempos de incertidumbre.

De ahí que la educación ambiental es fundamental para entender los grandes problemas de la actualidad. Ante esta diáspora discursiva y práctica volvemos a sostener que el tiempo de una educación ambiental generalista y centralista ha terminado. Necesitamos educadores ambientales de tiempo completo en prácticamente cualquier institución educativa y con especialidades y conocimientos específicos.

Necesitamos especialistas en educación ambiental, por ejemplo, para el cambio climático, el manejo forestal sustentable, el manejo de la vida silvestre, la biodiversidad, el ecoturismo o el turismo sustentable, la pesca responsable, el agua, para el acompañamiento de movimientos ambiental, para todos los niveles educativos y para lo no formal, informal y redes sociales.

Conclusiones

Administrar la cultura es como decretar la primavera: un delirio narcisista del poder. Pero la cultura moderna se volvió administrativa, y quiere verse en el espejo administrando la cultura.

Gabriel Zaid (2013).

La educación ambiental- siguiendo a Zaid- no puede, ni debe ser, un delirio narcisista de nadie. Menos del poder. La cultura y en particular la educación ambiental no puede ser solo Administración Pública. La educación ambiental está en muchos ámbitos institucionales y no institucionales de la sociedad en México.

Hemos encontrado cercanías en la Administración Pública y la Educación ambiental en las articulaciones de procesos, la internacionalización, la importancia de la ética y las batallas teóricas.

Encontramos también diferencias en su incubación, formación, desarrollo, alcances, objetos, tareas y métodos. También las hemos visto en un enlace a veces afortunado, otras excluyente y otras como esferas en que la ciudadanía las utiliza.

Prospectando, tres son los desafíos en el que se debe fortalecer la Educación ambiental en esta relación, en el futuro inmediato: la formación docente, la comunicación y divulgación científico ambiental y la colaboración para humanizar los desarrollos tecnológicos.

Formar en todos los niveles, del preescolar al posgrado, saberes sobre la relación problemática y compleja de naturaleza con la sociedad. Formar empresarios, investigadores y funcionarios en toda la Administración Pública con el transversal del ambiente, la sustentabilidad y la Educación Ambiental. Trabajar coordinadamente más acciones entre los gobiernos y la ciudadanía en la Educación ambiental

Aprovechar los mecanismos actuales de la virtualidad, la educación a distancia y las redes socio digitales para potenciar la relación entre la Educación ambiental y el saber científico. Comunicar asertivamente los avances de la ciencia y también acuerdos internacionales y disensos en materia ambiental.

No olvidar el avance tecnológico, los gobiernos y la Educación ambiental deben estar a la altura de esos desafíos y no ignorar la irrupción del internet, las redes socio-digitales e incluso la inteligencia artificial. La disponibilidad y acceso a la información, la búsqueda de información y el aprovechamiento cuidadoso de estas herramientas deben fortalecer la Educación ambiental y la gestión pública, como ya comenzó a suceder, en el compartir acciones y demandar respuestas.

Referencias

Agranoff, R, (1997) Las relaciones y la gestión intergubernamentales. En La nueva administración pública de Bañon y Carrillo. Nueva Alianza. Madrid. España. pág. 30

Cabrero, E (2010). Administración Pública. Siglo XXI. México. 220 pág.

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Sacapuntas

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“pálido.deluz”, año 11, número 170, "Número 170. Acuérdate de Acapulco: Viajes, vivencias y experiencias. (Noviembre, 2024)", es una publicación mensual digital editada por Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán y Armando Meixueiro Hernández, calle Nextitla 32, Col. Popotla, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11420, Tel. (55) 5341-1097, https://palido.deluz.com.mx/ Editor responsable Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán y Armando Meixueiro Hernández. ISSN 2594-0597. Responsables de la última actualización de éste número Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán y Armando Meixueiro Hernández, calle Nextitla 32, Col. Popotla, Delegación Miguel Hidalgo, CDMX, C.P. 11420, fecha de la última modificación agosto 2020
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