En homenaje a Ifigenia Martínez, mi maestra y amiga

Nueva administración federal y añejos problemas. Uno fundamental: el uso racional del agua. Por ejemplo, el investigador Rolando Díaz Caravantes, de El Colegio de Sonora, en un panel en que evaluaron las implicaciones del plan hídrico estatal para el río Sonora (https://fb.watch/uRfgFHn4sf/), muestra las desventajas de construir una presa en Sinoquipe, supuestamente para regar las tierras agrícolas aguas abajo. Pero ­advierte cómo las presas cambian de objetivo y terminan por afectar negativamente a los usuarios más vulnerables y beneficiando a los de mayor poder político o económico.

Tal es caso de esta presa, pues en su entorno hay dos minas en explotación: Las Chispas y Santa Elena, que podrían resultar beneficiadas al paso de los años, aunque hoy no están consideradas como usuarios. Pero eso sí ocurrió con la presa El Molinito. Su objetivo inicial era evitar inundaciones en la ciudad de Hermosillo, mas luego se utilizó como proveedora de agua por el crecimiento urbano gracias a la industria inmobiliaria.

Los perdedores: los productores agrícolas, ejidatarios y colonos, que tenían sus medios de subsistencia aguas abajo de la presa. De sembrar casi 9 mil hectáreas en 1993, sólo cultivaban 3 mil en 2011. También se afectó al ambiente, al reducirse drásticamente la cantidad de vegetación ribereña que necesita un mínimo de agua para subsistir.

Falta agua en esa entidad, aducen las instancias oficiales. Sí, en parte. Porque lo real es el acaparamiento del líquido que realiza la minería en el río Sonora y sus afluentes, como en Bacanuchi y Bacoachi. Además, advierte Díaz Caravantes, no tiene sentido defender la nueva presa, ubicada a 175 kilómetros de Hermosillo, argumentando que abastecerá a dicha ciudad.

Esta nueva obra alentará la urbanización de la presa Abelardo L. Rodríguez (adyacente a la ciudad), aumentando así el crecimiento urbano y la demanda de agua. Y en detrimento de la más importante área natural protegida de Hermosillo. El remedio para el abastecimiento de líquido para la ciudad es elevar su eficiencia, pues hoy se desperdicia más de 50 por ciento del agua inyectada a la red de distribución.

Mientras, la ciudad de Torreón se inunda cada que llueve mucho. Eso ocurre desde hace décadas y los políticos llaman atípicas a esas lluvias, advierte el periodista Francisco Rodríguez, en Semanario, publicación del diario Vanguardia. El agua colapsa a la ciudad, destruye el pavimento de las calles y avenidas, afecta viviendas, mientras el drenaje es insuficiente para captar un recurso muy necesario para más de un milón de habitantes. Ausentes, los programas gubernamentales para captar ese recurso vital en bien de la población y sus actividades económicas.

También en La Laguna, donde se ubica Torreón y ocho ciudades más, sigue el problema de salud por consumir agua con arsénico, un metal que, de acuerdo con la doctora Lilia Albert Palacios, ocasiona, entre otros males, diabetes, cáncer, trastornos en el sistema reproductor, nervioso, hepático, cardiaco y pulmonar. Para evitarlo, la gente compra en La Laguna agua en garrafones, pero para cocinar usa la que le llega por el sistema público de distribución y que tiene arsénico.

El problema continúa pese al programa Agua Saludable para La Laguna, establecido por el gobierno anterior. Por eso el que inició labores el martes debe dar prioridad a la propuesta que hizo el toxicólogo Gonzalo García Vargas en el Segundo Encuentro de Investigadores en Agua, Salud y Medio Ambiente, realizado en Torreón: establecer un sistema de vigilancia epidemiológica para el arsénico. Y ello luego de comprobar que en los análisis de la orina de poco más de mil personas de ocho comunidades rurales de La Laguna, se detectaron diversos grados de tan peligroso metal.

Nueva administración federal; renovado poder legislativo con varios indeseables entre sus integrantes. Mayoría de Morena, partido muy activo en aprobar varias iniciativas para satisfacer al que hoy vive en su rancho, pero no la nueva ley de aguas, pospuesta desde hace más de una década, para garantizar su conservación y uso racional. Y como lo ordena la Constitución desde hace años, abastecer con ella adecuadamente a la población.