En los límites de la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán, en Jalisco, nos esperaba don Pedro de Haro, sabio, marakame, gran luchador por la recuperación de tierras del pueblo wixárika (huichol). Muy tranquilo en el universo de meditar y al mismo tiempo estar atento a todo, respondió a nuestro saludo explicando lo que hacía: “Aquí, cuidando al mundo”. Esa era y sigue siendo la tarea principal del pueblo wixárika, sus sabios, comuneros y autoridades tradicionales.

Los wixaritari son parte viva de su territorio, que los alimenta y a su vez alimentan, cuidan y defienden. Así ha sido desde tiempos inmemoriales, así han resistido múltiples embates, que todo el tiempo se renuevan con nuevas aristas.

Desde el pasado 25 de abril, alrededor de 200 comuneros de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños emprendieron una larga caminata en la Caravana Wixárika por Conciencia y Dignidad. Van hacia Palacio Nacional, para que el pueblo de México tome conciencia de su situación y para demandar al presidente López Obrador que garantice la restitución de 11 mil hectáreas de su territorio que han sido invadidas por ganaderos y talamontes. Serán más de 30 días y 900 kilómetros de caminata desde sus comunidades hasta la Ciudad de México.

Es paradójico que tengan que hacer este gran esfuerzo, cuando existen decenas de juicios y sentencias en tribunales agrarios que ya han dado razón a la comunidad contra los invasores mestizos. De hecho, todas las sentencias emitidas relacionadas con estas tierras reclamadas han dado la razón a la comunidad. Desde 1953, el gobierno reconoció en una resolución presidencial que esas tierras son de las comunidades wixaritari, afirmando a su vez un título virreinal de 1718, que reconoce al pueblo wixárika como su legítimo dueño.

Explican en su conferencia de prensa el 16 de mayo desde Michoacán que su demanda es que se ejecuten las sentencias, ya que ni los gobiernos estatales de Jalisco y Nayarit ni el gobierno federal han tomado las medidas necesarias para ello. Carlos Gónzalez, del Congreso Nacional Indígena y abogado de la comunidad, relata que se trata de un conflicto por 10 mil 448 hectáreas ocupadas por 81 posesionarios en Huajimic, y más de 800 hectáreas con el ejido de Puente de Camotlán y varios individuos. Aunque la mayoría de los litigios lleva más de 15 años, con varias sentencias a favor de la comunidad, solamente se han ejecutado en 2 por ciento de la tierra (https://tinyurl.com/btfz4vuu).

Pese a tener la razón ancestral, la razón jurídica y legal, se ha combinado la desidia y/o corrupción y los programas a medias tintas de sucesivos gobiernos estatales y federales, que han dado base a que los invasores sigan ocupando y devastando el territorio huichol, incluso fortalecidos por las acciones y omisiones gubernamentales.

Es, además, una historia de violencia continua y racismo contra el pueblo huichol, donde se han sucedido desde golpizas y asesinatos a feminicidios y violaciones por parte de los invasores, así como devastación de la tierra y el bosque.

Un comunero de San Sebastián relata un ejemplo actual en la zona de conflicto. Ante el fallecimiento de un posesionario de apellido Quintanilla, uno de los invasores originario de Huajimic, la familia, al ver que se podría aproximar la ejecución de la sentencia en su contra, taló todo el bosque de cedros y encinos. Doble ilegalidad, explica Evangelina Robles, del Colectivo por la Autonomía y abogada en la recuperación anterior de 50 mil hectáreas a favor de las comunidades: talan sin permiso de la autoridad forestal y en un área en litigio agrario.

¿Cómo es posible que pese a tener todas las razones, las sentencias a su favor y sucesivas promesas y programas de gobiernos de atender la situación, la mayor parte del territorio invadido lo siga estando? Peor aún, con violencia creciente contra gente y naturaleza.

Para entender este pedazo de historia, es muy útil leer los textos de Ramón Vera Herrera, Evangelina Robles y José Godoy, quienes por décadas han acompañado al pueblo huichol. “Marcha wixárika: resolver a medias genera más violencia” explica desde el título su artículo en Ojarasca, mayo 2022 (https://tinyurl.com/yckjnhnn).

Explican, por ejemplo, cómo programas de gobiernos anteriores, como el llamado “focos rojos”, proponían incluso pagar indemnizaciones a los invasores para que salieran, sin establecer plazos ni tomar medidas para que dejaran la tierra, con el riesgo de que la siguieran ocupando y con más dinero. Explican cómo todo lo recuperado ha sido gracias al esfuerzo de las comunidades, que decidieron comunitariamente revivir las áreas recuperadas y poblar las fronteras con los invasores, con comuneros que se establecieron allí –a riesgo de la violencia ejercida cotidianamente– y cómo las comunidades fortalecieron formas de autogestión y cuidado.

La demanda de esta caravana y la de las comunidades, por mucho tiempo, es que el gobierno federal y los estatales deben garantizar la restitución de todas las tierras invadidas a las comunidades wixaritari y ejecutar urgentemente las sentencias de los tribunales agrarios. No es posible que este gobierno vuelva a repetir planes y promesas vagas y parciales –ahora llamados planes de justicia– que no van a las demandas centrales de las propias comunidades y perpetúan las injusticias.

Periódico La Jornada

sábado 21 de mayo de 2022 , p. 15

  Silvia Ribeiro es Investigadora del Grupo ETC