La desconfianza se produce, entre otras cosas, cuando el interés propio es indiferente hacia la comunidad. Lo nocivo del desinterés está ligado a la desconfianza, misma que deteriora el vínculo entre el sujeto y la comunidad, lo que redunda en que la comunidad perciba que debe protegerse de los intereses particulares de cada sujeto, lo que merma el capital social (Levine, 2011, citado en García-Arnaldos, M. 2021). La falta de participación de los ciudadanos en asuntos públicos, reduce la creación de redes de compromiso cívico de las que dependen la capacidad de cooperación, la posibilidad de establecer lazos comunitarios y la generación de confianza, misma que es condición necesaria para el buen funcionamiento de la sociedad. La ausencia de estas redes desemboca en comportamientos que tienden a ser más individualistas y autosuficientes, disipando el potencial de un trabajo colaborativo y del aprendizaje, lo que repercute en una pérdida de eficiencia social (Romero, A. 2018). 

En este sentido, Ocampo (2011) señala que la pérdida de centralidad del Estado en la vida social y el desencanto y frustración de los ciudadanos respecto de las instituciones políticas disminuye su interés por los asuntos asociados con el Estado, lo que se traduce en prácticas de baja participación en asuntos que les afectan, en la exclusión de algunos sectores de la población e incluso en el uso de lo público en beneficio de intereses personales, fomentando la corrupción, la impunidad y la violencia (Ocampo, Méndez y Pavajeau, 2008). De acuerdo a Torney Purta et al. (2010, citado en Varela et al., 2014) para evaluar el compromiso cívico es imprescindible incluir dimensiones como la participación no limitada al voto, la comprensión política, las actitudes y disposiciones.

 La participación política es central para la gobernabilidad y para la vida democrática, de ahí que el interés por estudiar a la ciudadanía se ha incrementado aún más por la presencia de fenómenos como la baja participación electoral, en particular de los jóvenes (Rodríguez, 2020).  De acuerdo a Nieto y Somuano (2020), la caída en la participación y el incremento de la apatía en México no son fenómenos nuevos y frecuentemente las explicaciones de estos patrones se vinculan con el desencanto con la democracia, sin embargo, los estudios sobre tipos de participación no electoral no son abordados con frecuencia.  En este contexto, es importante observar que el proceso democratizador en México, supone cambios en la forma de hacer política y de organizar sus acciones. Las políticas públicas y sociales se han dirigido a dar apertura a una mayor participación ciudadana, si bien no necesariamente en el ámbito de la toma de decisiones en materia de problemas públicos, sí como una opinión importante que debe ser atendida en el proceso de la planificación y desarrollo de las políticas. Asimismo, este proceso de acercamiento a la ciudadanía, ha fomentado la institucionalización de mecanismos de transparencia y representación popular como factor indispensable para la rendición de cuentas (Taguenca, Castañón, 2015). Actualmente, en México se ha extendido la configuración de espacios basados en la cooperación para construir acuerdos y procesar diferencias, en los que participan diversos actores. En estos espacios, se implementan nuevos mecanismos de interacción entre agentes gubernamentales y no gubernamentales para abordar e intentar resolver problemas de interés público, lo que modifica la separación entre el Estado, la sociedad y el mercado (Perló e Inclán, 2018).  Sin embargo, de acuerdo a los resultados de la Métrica de Gobierno Abierto 2019 realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, si bien existen mecanismos de participación ciudadana institucionales, estos son ineficaces para activar procesos de decisión que permitan incorporar las ideas, propuestas o demandas de la ciudadanía en los procesos de toma de decisión en materia de asuntos públicos (Centro de Investigación y Docencia Económicas, e Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 2019).

En esta línea de pensamiento, de acuerdo a Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral Internacional (IDEA internacional), México es una democracia de rendimiento medio, donde en el atributo de compromiso cívico también muestra un rendimiento medio, mientras que la participación de la sociedad civil es evaluada con .43, lo que coloca a este sub-atributo casi en un desempeño bajo, en tanto que la participación electoral es evaluada con .66, lo que muestra un compromiso cívico más orientado a la participación política electoral (IDEA, 2021). No obstante, la participación política no electoral ha mostrado un incremento que se observa al comparar los datos del Informe País Sobre la Calidad de la Ciudadanía en México 2014 (Nieto y Somuano, 2014) y la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 (INEGI, 2020), informes que proporcionan hallazgos importantes en cuanto a la participación política de los mexicanos y su relación con la democracia. Por un lado, la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 reporta que el 48% de los mayores de 18 años afirma que ha realizado alguna vez en su vida actividades relacionadas con asuntos públicos, donde las actividades más frecuentes son firmar una petición para la solución de algún problema (28.5%), trabajar con otras para resolver problemas públicos (27.2%), participar en una protesta (10.9 %) y presionar a través de redes sociales (8.8%) (INEGI, 2020). Estos datos contrastan con los aportados en 2014 donde se reporta que 8% había firmado peticiones, el 9% había participado en una manifestación y el 19% leía y compartía información de asuntos públicos a través de redes sociales (Nieto y Somuano, 2014).  En términos de confianza los datos arrojados por INEGI (2020) reportan que el 7.8% confía en el gobierno del Estado, el 7.6 en el gobierno municipal y el 17.2% en la Presidencia de la República, mientras que en el 2014 solo el 6.2% reportó confiar en el gobierno federal, el 4.3% en el gobierno de su estado y el 4.6% en el gobierno de su municipio (Nieto y Somuano, 2014). La disparidad de los datos encontrados en estos estudios muestra un incremento en la participación política no electoral aunado a un aumento en la confianza en el gobierno, lo que muestra un cambio en las actitudes que contribuyen al compromiso cívico. Si bien la participación política no electoral se ha incrementado, la participación de la sociedad civil no alcanza valores satisfactorios en los indicadores de IDEA Internacional (2021), lo que refleja que las interacciones que definen la relación entre la sociedad civil y la autoridad, no han logrado consolidar el compromiso cívico.

Este escenario se relaciona con la falta de confianza hacia las instituciones políticas, pues a menor eficacia en el desempeño de las instituciones y de los mecanismos específicos de concertación para la toma de decisión pública, existe un mayor riesgo de fomentar la desconfianza en los ciudadanos.  Un alto nivel de desconfianza repercute en la colaboración y en la participación de los ciudadanos, sin embargo, también esta desconfianza incentiva que los actores sociales demanden ser incluidos en los procesos gubernamentales y de toma de decisiones (Perló e Inclán, 2018). De acuerdo a Taguenca y Castañón (2015), la crisis de los actores tradicionales en democracia, entendidos como los partidos políticos, han dado espacio a que nuevos actores como las grandes empresas, las corporaciones y los medios de comunicación incidan eficazmente en la toma de decisiones por fuera de los partidos políticos. Al mismo tiempo, las organizaciones de la sociedad civil se distinguen de los actores antes mencionados, al obedecer a intereses colectivos y al no buscar poder político, sino controlarlo a través de incidir en la toma de decisiones públicos. A estos actores organizados, es importante añadir otros actores sociales que se integran en los movimientos sociales, que, si bien no están institucionalizados, son importantes para comprender la relación entre el poder político y la ciudadanía. En cuanto a la importancia de los movimientos sociales, es importante señalar que desde 2011 y hasta la fecha se ha observado que de manera constante en diferentes países se generan movilizaciones masivas de ciudadanos reclamando más democracia, de hecho, la revista The Time eligió un manifestante como persona del año. Asimismo, se destaca el papal de los jóvenes como el sector más activo en su participación en movimientos sociales (Pleyers, Garza y Holloway 2021).

Cabe señalar que, en el contexto actual, el advenimiento de las tecnologías de información y comunicación han reconfigurado el escenario para la participación política y para los movimientos sociales en particular, constituyendo una herramienta fundamental para la organización, afiliación, difusión y desarrollo de los movimientos sociales (Castells, 2015). Adicionalmente, Rodríguez-Estrada y Echeverría (2020) sugieren que, en el caso de las movilizaciones sociales, la participación política en los medios digitales propicia otras maneras de acción que tienen efectos indirectos en las acciones en el espacio físico. En esta línea de pensamiento, las investigaciones que abordan la participación política vinculada a las redes sociales, exploran las prácticas desde un punto de vista descriptivo, sin problematizar a profundidad los conceptos que se emplean para observar estas prácticas (Palenzuela, 2018). Es por esto que resulta pertinente abordar cómo se ha constituido la participación política en la actualidad, cómo funcionan los espacios de relaciones interpersonales físicos y mediados por las tecnologías. Ahora bien, de acuerdo a Hernández y Meixueiro (2019) a nivel nacional se tienen referentes significativos del estudio de la cultura política, donde la participación política es un elemento central, no obstante, a nivel subnacional o de las entidades federativas, los estudios realizados son escasos, por lo que este campo de estudio es un área de oportunidad para las ciencias sociales.  Es importante considerar que la diversidad socio cultural de cada estado exige un análisis puntual que identifique las convergencias y divergencias entre la cultura política de cada localidad.

Referencias

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Stephanie Bojalil Paredes^[1] https://orcid.org/0000-0001-6463-6890

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Rogelio Del Prado Flores^[2]

https://orcid.org/0000-0002-2181-2724

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[1] Doctoranda en Investigación de la Comunicación en la Universidad Anáhuac Campus Norte en la línea de investigación: realidad Social, políticas públicas y comunicación. Es Maestra en Comunicación Pública por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y a lo largo de su trayectoria se ha especializado en comunicación política.

[2] Profesor investigador. Universidad Anáhuac México. Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1