Las desigualdades entre instituciones son tan abismales que, al ignorarlas por completo, el sistema de educación superior que pretende crear la Ley General de Educación Superior sólo vendrá a perpetuarlas. Y seguirían generando tensiones y conflictos. Una universidad con 55 mil estudiantes, la UAM, tiene un presupuesto anual de 7 mil millones de pesos, es decir, 140 mil por estudiante. Y la Benito Juárez, de Oaxaca, con mil 100 millones de pesos y 27 mil estudiantes, 40 mil por estudiante (por debajo del promedio nacional, de 60 mil). Peor aún para las 250 normales públicas (82 mil estudiantes) que sólo en gastos de operación (becas, mantenimiento) en lugar de 461 millones (en 2020) sólo tendrían 20.6 millones (sic) en 2021. Y una decena de autónomas públicas apenas sobreviven. La desigualdad financiera implica la desigualdad en el derecho a la educación. En México, sólo una delgada capa de estudiantes puede acceder a lo que en este momento socialmente es el derecho pleno a la educación superior, es decir, el acceso y permanencia en una institución pública, con recursos, de prestigio y con una población escolar de masas mayoritariamente de origen popular. Esto último porque por muy de calidad o excelencia que un ranking internacional designe a una institución, si no da amplia y preferente cabida a las mayorías del país y, añadiríamos, no asume la perspectiva con que ven a la nación, su excelencia será como la de club de golf. Y donde incluso prosperen visiones lesivas para la mayoría.
Además del financiamiento, otra condición indispensable para la formación de los estudiantes son los derechos laborales de los trabajadores universitarios. El apoyo que puede dar un profesor-investigador con base estable y de tiempo completo es radicalmente distinto al que puede ofrecer un maestro precarizado. La educación superior mexicana tiene una enorme diversidad de condiciones y encuadres laborales (salarios, tabuladores, organización académica) y se ha acostumbrado a sostener sus reflexiones –como la vieja Atenas– en el trabajo de una enorme masa de académicos jóvenes sin plaza, pero con altos niveles de formación. Y se ha generado una también abismal distancia respecto de un delgado y casi aristocrático segmento (no hay condes ni duques, pero sí premios y distinciones) con altos ingresos (incluso más que el presidente) y algunos hasta exentos ya del severo y agobiante régimen de constante evaluación de productos académicos. Aun en este primer mundo universitario, las condiciones laborales diferenciadas se ven agravadas por un generalizado autoritarismo, producto del agotamiento de débiles estructuras de participación y de una densa reglamentación institucional que quita oxígeno a cualquier intento de democracia, de defensa de las mujeres contra el acoso (el caso emblemático de Química, en la UNAM) y de diálogo con los afectados. Así, en la UAM apenas se aplicó, sin consulta ni discusión previa una nueva evaluación a los docentes (que determina parcialmente ingresos económicos) a pesar de que quienes la diseñaron plantearon como precepto básico; fomentar el diálogo entre evaluadores y evaluados, ya que hacer públicos los criterios de evaluación de la docencia desde el inicio contribuye a la credibilidad de los resultados y su aceptación en el profesorado... ( Hacia la renovación de la evaluación de la docencia en la UAM, Parte III 19/9/20).
Ante el complejo panorama, la opción de la actual iniciativa LGES es ignorar y navegar por encima y plácidamente. Olvida que normar significa construir acuerdos también con los no tenidos en cuenta: quienes buscan ejercer el derecho pleno a la educación; trabajadores académicos y administrativos que demandan estabilidad y salarios dignos; mujeres que exigen cese al acoso; excluidos de las decisiones institucionales, y las y los siempre y una y otra vez evaluados (tres veces al año en docencia). Si no, seguirán las tensiones que generan el dispendio que significan las jerarquías aristocráticas y las instituciones y facultades inmovilizadas durante meses en las instituciones (UNAM, UAM, IPN) donde la propuesta neoliberal de universidad caló más hondo porque apostó a ganar primero aplaudiendo y generosamente apoyando a los mejores. No resultó. La apuesta comenzó a perderse desde 1996 con la evaluación Ceneval y ha generado –hasta el día de hoy con la causa de las mujeres– conflictos fruto de creciente hartazgo. Y los conflictos, uno a uno, han demostrado la incapacidad de las burocracias para salir de los conflictos que, en mucho, ellas mismas generan.
La salida está hoy en que el Senado, en lugar de reforzar los acuerdos con otros, propicie los acuerdos con todos los que, si se aprobara en sus actuales términos la LGES, quedarían fuera del acuerdo sobre educación superior. De otra manera, ni la República ni la educación superior saldrían beneficiadas.
