Sin saber su paradero, sin justicia y en un tortuoso camino de encubrimientos e impunidad, se cumplen este 26 se septiembre 10 años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela normal Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa y el asesinato de seis personas, tres de ellos estudiantes.

Estos hechos marcaron un antes y un después dentro y fuera del país. Ayotzinapa catapultó a México a la atención internacional, por la brutalidad de los hechos, por la colusión de autoridades, policía, fuerzas armadas y narcotraficantes; por las maniobras desde el gobierno para ocultar la verdad. Sacó a la luz la violencia enraizada en Guerrero, los miles de desaparecidos y la impunidad sobre otras masacres en el país.

Las madres y padres de los jóvenes desaparecidos, han estado en la búsqueda de sus hijos, de verdad y justicia desde el primer día y no se detendrán pese a lo duro que han sido estos 10 años. Desde el gobierno de Peña Nieto hasta el actual, además del dolor por la desaparición de sus hijos, han tenido que sufrir múltiples violencias, empezando con la llamada verdad histórica, una mentira fraguada desde el gobierno de Peña Nieto para establecer como hecho que los jóvenes habían sido quemados en un basurero en Cocula, Guerrero, por el crimen organizado y policías municipales.

La insistencia y coherencia de los padres, madres y organizaciones que los acompañaron como el Centro Tlachinollan y el Centro Prodh, junto a la gran movilización social que se sumó en el primer año, rechazó esa mentira histórica y forzó a que en 2015 llegara al país un Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) que junto a la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAG) desmontaron efectivamente ese primer encubrimiento (https://prensagieiayotzi.wixsite.com/giei-ayotzinapa).

El GIEI fue convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en acuerdo con el Estado de México y representantes designados por las víctimas, para coadyuvar en la investigación de los crímenes y sus responsables, en la búsqueda de los desaparecidos, y la atención a las víctimas y familiares. El entonces presidente Peña Nieto se negó a reconocer sus informes y negó la continuidad del GIEI, que tuvo que salir de México. Fue convocado, por pedido de los padres y madres, a continuar su trabajo en el sexenio de López Obrador y ha contribuido con evidencias claves en la investigación. Sin embargo, tuvo que retirarse otra vez en 2023, al topar con la imposibilidad de acceder a documentos del Ejército que contendrían datos claves sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos, que pese a la instrucción presidencial, nunca fueron entregados en totalidad. El sexto informe del GIEI, en julio de 2023, mostró con evidencias, la presencia de oficiales del Batallón 27 y del Batallón 41 del Ejército que sabían lo que ocurría con los estudiantes en tiempo real, incluso vinculados al traslado de estudiantes (https://tinyurl.com/bdfx84uu).

Todos los documentos a los que accedió y los que elaboró el GIEI, también fueron entregados a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), creada por el gobierno actual. Los informes de la Covaj confirmaron la participación de Guerreros Unidos y agentes de instituciones de los tres niveles de gobierno; señalan que los militares fueron una pieza clave entre los actores presentes durante la desaparición de los normalistas, que no lo evitaron, y que lo negaron en sus declaraciones. El ex presidente de la Covaj, Alejandro Encinas, informó en 2023 que los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa conforman un crimen de Estado.

Una declaración que debería haber obligado al Estado Mexicano a actuar en consonancia, para dar con el paradero de los jóvenes, hacer justicia y apoyar a las víctimas. Por el contrario, como señaló Magdalena Gómez, esta declaración se convirtió en un freno mayúsculo a la investigación (https://tinyurl.com/bdhtnraa).

El Ejército sigue sin entregar los 800 folios que faltan en los documentos dados al GIEI y la Covaj. El acto mediático de entregar a los padres 15 folios sin relevancia, afirma aún más esa falta. En el camino, López Obrador ha denostado a las organizaciones que han acompañado a los padres, a quienes acusa de querer desprestigiar al Ejército, sobre el cual insiste que no hay pruebas de su participación, lo cual a la luz de los informes de su propia Covaj, es un absurdo.

Los padres y madres le respondieron clara y firmemente. Quieren saber el paradero de sus hijos y quieren justicia. Reconocen la voluntad al inicio de este gobierno de reabrir la investigación y que ello llevó a avances. No buscan debilitar la institución del Ejército: son las propias pruebas (también en poder del presidente) las que muestran cómo el Ejército estuvo presente y ha mentido, actuado de mala fe y ocultado información.

Reafirman la confianza en las organizaciones que los han apoyado (Centro Tlachinollan, Centro Prodh, Fundar, Serapaz) y reclaman que no se les trate como sujetos pasivos de una supuesta manipulación de sus abogados. Por sus hijos, por los muchas madres y padres que buscan a sus hijos en este país herido, seguirán buscando a sus hijos y reclamando verdad y justicia (https://tinyurl.com/t28hm4t5).

Este 26 y cada día, estamos con ellas y ellos, hasta encontrarlos.

Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC