La crisis sanitaria y económica derivada del covid-19 tendrá efectos económicos de largo plazo si la inversión privada, el empleo y la educación pública no recuperan rápidamente sus niveles previos a esta crisis.

Se estima que 5.6 millones de personas más caerán en pobreza, derivado de la pandemia. Aunado al efecto en pobreza, esta crisis amenaza con aumentar las brechas educativas en el país. Al llegar el covid-19 a México en marzo de 2020, el sistema educativo se puso en pausa al cerrar escuelas y mantener en confinamiento a 36 millones de estudiantes que cursaban el ciclo escolar 2019-2020. La Secretaría de Educación Pública ordenó la impartición de clases a distancia a partir del 20 de abril de 2020, a través de programas por televisión y clases por internet.

Sin embargo, de acuerdo con la ONU, estos nuevos formatos presentan diversos retos de acceso y calidad en la educación de esta generación, causando dificultades en 78.6 por ciento de los hogares para continuar la educación de los niños, niñas y adolescentes. Según la encuesta ENCOVID-19, las principales causas reportadas son la falta de computadora e internet (48.5 por ciento), la falta de apoyo por parte de las y los maestros (31.4 por ciento), la distracción de los niños y las niñas (21.1 por ciento), la falta de conocimientos (17.1 por ciento) y la falta de libros y/o material didáctico (14.9 por ciento).

Las clases en línea también han sido un reto para las y los maestros que, de manera repentina, se vieron obligados a adaptarse a un formato de enseñanza digital. Estas limitaciones impactan de forma adversa en el tiempo que las y los estudiantes dedican al estudio y en la asistencia a la escuela: 738 mil alumnos no pudieron concluir el ciclo escolar 2019-2020 y 5.3 millones no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021.

La educación es un derecho básico que abona a la recuperación de las crisis a través de la aportación de normalidad, conocimientos y habilidades necesarias para el desarrollo, además de que se crean las bases para disminuir brechas sociales y económicas. Por ello, los efectos esperados de esta crisis impactarán a la generación que estudia actualmente.

Dados los efectos negativos de la crisis sanitaria en la educación, era necesario destinar, al inicio de la crisis, un mayor gasto público en este sector para paliar la falta de aprendizaje, incentivar la asistencia a la escuela y garantizar un regreso seguro a las aulas. Aunque la Ley General de Educación establece que, para brindar el derecho a la educación en todos sus niveles de manera gratuita, debe destinarse 8 por ciento del PIB, el presupuesto educativo en 2021 equivale a 3.4 por ciento del PIB, lo que implica que no se planea dirigir recursos adicionales al sector educativo, aun cuando se han identificado deficiencias previas a la pandemia, que se intensificarán después de ella.

El Banco Interamericano de Desarrollo sugiere que para que las escuelas puedan reabrirse y se retomen las clases presenciales, deben considerarse cuatro aspectos, entre ellos, asegurar el acceso a sitios de lavado de manos con suficiente suministro de agua potable, jabón y papel.

En el documento La vacuna contra la desigualdad, publicado por el CIEP, Oxfam y Fundar, señalamos que existen 62 mil escuelas en todo el país que no cuentan con un lavamanos, lo que sería una condición mínima para que los alumnos, así como maestras y maestros, regresen a las escuelas de manera segura. En el mismo documento se estima que dotar a cada uno de estos planteles de un lavamanos con infraestructura para acceso al agua cuesta aproximadamente 10 mil millones de pesos (mdp), equivalente a 1.2 por ciento del gasto educativo en 2021.

La recaudación en México es de las más bajas de los países de la OCDE, pero también tenemos gastos que no pueden evitarse, como el pago de deuda y pensiones. Por tanto, dado el nivel de ingresos, los recursos no comprometidos se han reducido desde 2016, al pasar de 6.4 por ciento a 2.2 por ciento en 2021. Lo anterior deja muy poco espacio para modificar y mejorar las políticas públicas vigentes, en este caso, las políticas educativas.

Debido a esto, es necesario incentivar las fuentes de ingresos para destinar más recursos a los sectores afectados por la crisis, como salud y educación. Entre las medidas que podrían adoptarse, se encuentran aumentar la recaudación al patrimonio y la riqueza; gravar altos ingresos y reducir beneficios fiscales, así como reducir la discrecionalidad. Todo esto acompañado de rendición de cuentas y transparencia para tener un gasto público más eficiente que garantice el derecho a la educación con calidad de esta y las siguientes generaciones. 

Alejandra Macías Sánchez es directora de Investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C (CIEP)