El magisterio organizado de Puerto Rico se ha lanzado a las calles otra vez para defender la educación pública. Acompañados de familias, comunidades y otras organizaciones políticas, maestros han plantado una negativa rotunda al nuevo intento de privatización educativa por la vía de la charterización; es decir, la expansión en el territorio de escuelas administradas por entidades privadas, pero financiadas con dinero público.

Las escuelas chárteres han generado gran polémica, entre otras cosas, debido a señalamientos de segregación y mayor gasto, así como por crear condiciones precarias en los docentes que allí trabajan y ser mecanismos con los que grupos de interés buscan incidir cada vez más en los sistemas educativos. Ello, sin ser garantía de una mejora en los aprendizajes de los estudiantes. Pese a ello, en Estados Unidos los esfuerzos del charter lobby (políticos, asociaciones, think tanks e inversionistas privados) han rendido frutos. Entre 2010 y 2021, la inscripción a escuelas chárter se duplicó, al mismo tiempo en que la cantidad de estudiantes que asisten a escuelas públicas disminuyó 4 por ciento, según el National Center for Education Statistics.

En contraste, en Boriquén el avance de dicho modelo de escuela ha resultado difícil debido a la organización magisterial y popular. La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) ha logrado encarar dichas políticas privatizadoras desde 1993, mediante jornadas de lucha que encontraron ecos en 2008, 2011 y 2015, cuando el poder político y económico buscó impulsar escuelas chárter sin éxito.

De la mano del capitalismo del desastre, el lobby ha echado mano de lo que el profesor Edwin Morales, del FMPR, denomina la industria del fracaso educativo, es decir, la creación de una crisis desde el poder para legitimar el impulso de políticas de mercado bajo el supuesto de que éstas ayudarán a mejorar la educación pública en la región.

En un país endeudado y con el financiamiento del sistema educativo en riesgo, los huracanes Irma y María golpearon fuertemente la isla, lo cual generó una pérdida más de 100 millones de dólares en el sector educativo. La tragedia se convirtió en un problema de seguridad nacional para Estados Unidos y el Congreso respondió con una asignación suplementaria de recursos para la reconstrucción, la cual requería un plan de recuperación que se desarrolló mediante un trabajo conjunto entre entidades públicas y privadas. La respuesta gubernamental a la crisis fue el establecimiento de una oficina dedicada a la recuperación, en colaboración con organismos como el Homeland Security Operational Analysis Center (HSOAC) centro de investigación operado por la influyente Rand Corporation.

En 2018, como parte de su proyecto de recuperación y transformación en el sector educativo, el gobierno de PR impulsó unas propuestas que ampliaban los márgenes de operación de la lógica del capital: expansión de escuelas chárter, educación online, datificación e implementación de políticas de elección de escuela. Con ello se impuso una reforma mercantilista que permitió establecer 12 escuelas chárter, de las cuales 11 están vigentes. Sin embargo, la expansión de tales escuelas no creció por la resistencia de las comunidades y la FMPR, que lograron que en la isla las escuelas privatizadas lleguen sólo a uno por ciento, pese a que por ley se permite 10 por ciento.

Años después, el interés privado en PR ha vuelto a la carga, ahora con una política de reorganización económica. La nueva apuesta de privatización educativa se asocia con la ejecución de la Ley 22-60, que promueve el establecimiento de individuos –principalmente estadunidenses– en la isla con el fin de invertir en el territorio, con el incentivo de ser favorecidos con exención fiscal en actividades lucrativas. La ley ha sido bien recibida por empresarios que han resultado favorecidos y han comenzado a adquirir espacios en puntos clave de la isla. Por otro lado, ha sido criticada públicamente por sectores populares que han denunciado desplazamientos en comunidades asociadas al incremento en el costo de vivienda que la ley genera.

El FMPR denuncia que la normativa ha habilitado una ola de “inversiones” mediante la construcción de futuros planteles educativos cerca de escuelas públicas establecidas, las cuales atienden gran cantidad de estudiantes de las comunidades. Según docentes, estas nuevas chárter estarían garantizando lo que está de facto negado en muchos establecimientos públicos (como material didáctico apropiado, condiciones dignas, ambientes adecuados para el aprendizaje, menor ratio por grupo y menos trabajo administrativo sobre docentes). Establecidas nuevas escuelas atractivas en un entorno de abandono sistemático del sector público, la privatización llegaría con el “robo” de la matrícula por las chárter, y con ello, el del presupuesto público destinado a educación.

De nuevo, Boriquén es escenario de una lucha en defensa de la educación pública. Profesorado y familias exigen una moratoria de cinco años al establecimiento o expansión de escuelas chárter. Pese al nuevo embate privatizador, afirman: “las chárter no pasarán, porque las vamos a detener”.

*Profesor FFL/UNAM

@MaurroJarquin