En su primera intervención pública, Delfina Gómez, futura titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), afirmó que, una vez que tome la dirección de la dependencia, no tenía contemplado cambiar nada. Lo anterior no debería resultar sorpresivo.

La salida de Esteban Moctezuma se anunció en un momento en el cual cimientos, estructura y fachada de la propuesta educativa de la 4T en tanto continuidad neoliberal, resultaban ya muy claros. Basta echar un vistazo a la reforma constitucional, al programa sectorial de educación, a las leyes secundarias, al presupuesto destinado al sector educativo en su conjunto y a la restructuración de la relación entre Estado y docentes.

La llegada de la maestra Gómez es el inicio de una nueva etapa discursiva en las labores de la SEP, guiada ahora por contenidos populares y de acercamiento con los problemas cotidianos de las escuelas, con miras a gestionar el rumbo ya iniciado.

Más que un paso hacia el fortalecimiento democrático del sector educativo, lo anterior representa un giro estratégico encaminado hacia la legitimación de la revolución pasiva que la 4T ha impulsado en la educación nacional.

La noción de revolución pasiva forma parte del repertorio conceptual de un sector de la izquierda latinoamericana que ha buscado caracterizar fenómenos denominados como populistas o relativos a lo nacional-popular durante la segunda mitad del siglo pasado o a la luz de los progresismos contemporáneos que han tenido lugar desde los años 90.

Una característica de estos gobiernos es que, ante procesos relevantes de movilización social, convienen en la permisividad de ciertas concesiones respecto a las exigencias de grupos subalternos organizados. Ello tiene como contraparte el hecho de que las pautas de apertura suponen los propios límites en la acción colectiva y las perspectivas de éxito de los movimientos, buscando con ello conducir el proceso organizativo y eventualmente desactivarlo o integrarlo al proyecto en el gobierno.

Las revoluciones pasivas conllevan dos dispositivos para gestionar la tensión entre la regresión y el cambio progresista inherentes a su desarrollo: transformismo (inclusión de organizaciones y liderazgos de movimientos al proyecto populista en el gobierno, aún anclados en la resistencia) y cesarismo (liderazgo carismático que permite modular el ímpetu movilizador). Con ellos, se busca generar un desempate ante una situación política que puede dirigir al caos o la catástrofe.

La Reforma Educativa de 2013 prendió fuego en la pradera del campo educativo nacional, generando una movilización magisterial que logró cuestionar profundamente el proyecto gerencial que grupos empresariales, sus ramificaciones de sociedad civil y sectores políticos liberales habían impulsado para reformar la educación nacional según una serie de intereses comunes.

Una vez que erráticamente la reforma se presumía muerta, la 4T entró en acción, pasando del momento bonapartista (https://www.jornada.com.mx/2019/03/24/opinion/008a1pol) a la consolidación de un proyecto de revolución pasiva en educación que consistía en mantener las bases del proyecto educativo neoliberal sin sus partes más agresivas.

Para ello, y pese a las disputas mediáticas, tendió rutas de acuerdo con grupos de interés y partidos de la oposición, mientras repetía, una y otra vez, que eran los docentes quienes gozaban de prioridad en el diseño de la política. Los sectores dominantes quedaron conformes con la reforma y el magisterio disminuyó su movilización autónoma.

La 4T decidió mostrar pautas de cambio: desvinculó la evaluación docente de la permanencia en el empleo tal cual estaba en la Constitución, intervino positivamente en la liberación de presos políticos y en la reinstalación de docentes cesados por persecución y abrió las puertas para un acercamiento inédito entre sectores magisteriales críticos de la reforma neoliberal y el gobierno federal. Lo que hizo fue básicamente restaurar las circunstancias hasta antes de 2013, salvo que ahora con el cobijo de una campaña mediática de revalorización docente, anzuelo de un nuevo proceso de subalternización. Algo políticamente certero y electoralmente redituable.

No obstante, dichas decisiones han tenido su contraparte en políticas contrarias a todo proyecto posneoliberal, que en general han tenido buena recepción gracias a un liderazgo impecable del Presidente y a la incorporación de cuadros magisteriales a la 4T: a) golpeteo continuo a la tradición normalista; b) consolidación de orden filantrocapitalista en educación; c) privatización del proceso de toma de decisiones; d) fomento a la mercantilización de los datos de millones de estudiantes y docentes por la vía de la digitalización, y e) endoprivatización educativa, mediante la conservación de criterios gerenciales en la evaluación del ejercicio educativo cotidiano.

La revolución pasiva en curso constituye un desafío para la organización autónoma de estudiantes y docentes. Resulta imperativo afrontarla apelando a lo mejor de la tradición organizativa del magisterio.

Mauro Jarquín Ramírez es Profesor FFL-UNAM