México tiene una gran responsabilidad en ayudar a detener el comienzo de un ecocidio sin precedente. Se trata de la destrucción de fondos marinos, que afectaría al planeta entero, por proyectos mineros para satisfacer la eufemísticamente llamada transición verde. Se trata sobre todo de que estrechas élites cambien sus automóviles a gasolina por autos eléctricos.

México fue elegido el 16 de marzo para presidir el Consejo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM), en su sede en Kingston, Jamaica, y también la Comisión Jurídica y Técnica de esa instancia de Naciones Unidas. Como destaca en su boletín la Secretaría de Relaciones Exteriores, “es la primera vez que mexicanos presiden estos dos importantes órganos de esa organización (que es) la institución establecida por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), encargada de organizar y controlar las actividades en la Zona –suelo y subsuelo marino–, esto es, los fondos marinos fuera de las jurisdicciones nacionales, bajo el principio de patrimonio común de la humanidad” (https://tinyurl.com/466w93af).

La AIFM gestiona la base de datos DeepData, la cual contiene información que se exige a contratistas recoger durante sus exploraciones de los fondos marinos. Estos datos biológicos, geoquímicos y físicos incluyen las especies que encuentran. Pero el análisis de DeepData revela preocupantes fallos según científicos (https://tinyurl.com/nhsuj4nn). Como reportó La Jornada (26/5/23), una nueva investigación descubrió más de 5 mil especies en una enorme zona del océano Pacífico rica en minerales en su fondo, que es casi dos veces mayor que India. Se trata de la Zona Clarion-Clipperton (ZCC), que ha sido dividida y asignada a empresas para futuras explotaciones mineras en aguas profundas, según publican investigadores en la revista Current Biology.

Pese a los riesgos e incertidumbres, la AIFM decidió en marzo pasado que a partir del 9 de julio empezará a aceptar solicitudes de permiso de empresas que quieran explotar los fondos oceánicos de la ZCC para extraer cobalto, cobre, níquel y manganeso de subsuelos marinos hasta 6 kilómetros de profundidad. Se reporta que en una reunión virtual que se celebrará antes de este julio, el consejo de la AIFM –de 36 países– debatirá si se puede retrasar la autorización de las solicitudes, tomando en cuenta de que aún no existe un código minero (https://tinyurl.com/2zmuu4kk).

Muchos países reclaman una normativa estricta para la minería submarina y, junto con organizaciones no gubernamentales como Greenpeace, el Centro para la Diversidad Biológica (CDB) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) ( La Jornada, 14/9/22) exigen la prohibición de la minería submarina. Entre estos países se encuentran Costa Rica, Nueva Zelanda, Chile, Alemania, Francia, España, Panamá, Fiji, los Estados Federados de Micronesia, Bélgica e incluso Canadá y Australia, los cuales son huéspedes de un arsenal de empresas mineras.

El mercado estadunidense es el principal interesado en convertir el parque vehicular de energías fósiles a las incorrectamente denominadas energías limpias. En octubre de 2022, el gobierno de Joe Biden concedió 2 mil 800 millones de dólares de la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo para promover la extracción y procesamiento de los minerales necesarios (sic) para las baterías de autos eléctricos. El otro gran interesado es China (https://tinyurl.com/yuuumtzp).

Científicos advierten que la explotación minera de los fondos marinos puede causar daños irreversibles a esos ecosistemas, liberando sustancias nocivas en el agua y que también puede contribuir al agotamiento de recursos no renovables y dañar a comunidades locales que dependen de la pesca y el turismo. En suma, se trata de escenarios apocalípticos (https://tinyurl.com/2p94fcwz).

Ante este trágico derrotero, ONG como Earthworks plantean como alternativas el destinar recursos para desarrollar una economía circular, reducir la demanda global de minerales y abastecerse de minerales reutilizados, sustituidos y reciclados [para así lograr] resultados más justos y equitativos (https://tinyurl.com/3ae8xx75).

Más allá de la búsqueda de soluciones para satisfacer la transición energética basada en el mismo patrón de consumo capitalista depredador del planeta, es menester cuestionar radicalmente los modos de vida que la humanidad se plantea para las próximas décadas, a sabiendas de que estamos extinguiendo la capacidad del planeta.

Las soluciones vienen casi siempre de las comunidades más impactadas por la devastación. Recientemente la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) declaró que se ha de partir de la premisa de que no existe la minería verde, sustentable, socialmente responsable, ambientalmente amigable, climáticamente inteligente, descarbonizada o cualquiera de los mecanismos y oximorones que han querido poner a esta actividad para ocultar su verdadera naturaleza destructiva y que se ha de visibilizar que hay otros modos de vida y mundos posibles fuera de esta lógica enferma del crecimiento infinito que mantiene a flote este modelo extractivo (https://tinyurl.com/bdesjpj7).

México, en su papel de presidente del consejo de la AIFM, debe ser consecuente con la propia reforma de la ley minera en México que prohíbe la minería submarina. Ya la Semarnat denegó con atino y valentía un permiso a la estadunidense Oddysey Minerals para extraer fosfato de los subsuelos del Golfo de Ulloa, en Baja California Sur –por lo cual el país está absurdamente demandado en el Ciadi del Banco Mundial por más de 3 mil millones de dólares– atendiendo las demandas de la Cooperativa Pesquera de Puerto Chale. Ahora toca ejercer liderazgo mundial y detener las concesiones mineras en subsuelos marinos, cuyos potenciales impactos son incalculables.

Manuel Pérez Rocha L es Investigador del Institute for Policy Studies www.ips-dc.org