El 3 de septiembre pasado, ejidatarios, trabajadores y vecinos de Carrizalillo, Guerrero, instalaron carpas en el camino de acceso a la mina de oro llamado Los Filos, que se instaló en medio de sus tierras comunales hace más de una década.

En octubre realizaron un censo del plantón y eran aproximadamente 2 mil personas, entre ellas 500 niñas y niños, agricultores, madres y padres de familia, ejidatarios y un número importante de ex trabajadores de la minera. En diciembre el plantón había adquirido cierta permanencia: se instalaron luminarias y llevaron sus televisores y refrigeradores e instalaron baños portátiles. Muchos ya dormían en colchones, como en casa.

Es sabido que, en toda la zona, que se extiende más allá de la ocupación minera, la población vive una cotidianidad militarizada y con harta presencia de grupos armados con estrechos vínculos con poderes políticos regionales. Hasta ahora, la petición de no intervención de las fuerzas federales que mandaron al presidente López Obrador ha sido respetada.

Los pobladores ya cumplieron tres meses en plantón, en parte porque les ha permitido, de cierta forma, vivir en paz. Se encuentran como pueblo haciendo lo que ya no podían hacer en el pueblo por la violencia, de acuerdo con testimonios que han sido revelados en diferentes momentos. Las familias cocinan juntas, los adolescentes conviven tranquilamente y los niños juegan afuera hasta la noche, cosas aparentemente sencillas que ya no se daban en el pueblo por los niveles de violencia en el entorno. Definitivamente acá están mejor, dicen en el plantón, según un reporte de la periodista Marlen Castro.

No es la primera vez que el pueblo de Carrizalillo se organiza contra la mina de oro. Han realizado cuatro plantones desde 2007, cuando cerraron durante 83 días el acceso al entonces propietario, la gigante minera Goldcorp.

Lo que piden los ejidatarios hoy no es el cierre de la mina, un complejo moderno que cuenta con dos enormes tajos abiertos y un gigantesco patio de lixiviación en lo que antes estaban las milpas de las tierras de uso común. Esta vez, ellos empezaron pidiendo el cumplimiento de lo acordado con la empresa canadiense Leagold en 2019. Desde entonces, Leagold se ha fusionado con Equinox Gold, también canadiense, con poderosas conexiones con las élites políticas en Canadá y Estados Unidos.

Cuando le pregunté a un ejidatario cuáles han sido las afectaciones mayores de la mina, me contestó: nos obligó a ser obreros.

Él, como muchos otros del ejido, se hicieron trabajadores de bajo nivel en la empresa, y ahora, en lugar de sembrar y cosechar su propia comida, tienen que vender su fuerza de trabajo para comer.

También mencionó la destrucción de siete manantiales por la empresa y promesas de garantizar agua potable al pueblo que no se han cumplido. Su familia, expresó, compra 13 garrafones de agua por semana y la usan hasta para bañarse porque el agua del grifo provoca irritación y comezón.

El agua es tema central en las negociaciones con la empresa que, en varios intentos fallidos, volvió a iniciar negociaciones con el ejido en la primera semana de diciembre. También están las becas para estudiantes, el aceso a la salud y a medicamentos por parte de la comunidad, el pavimentado de un camino, la provisión de despensas y la posibilidad que residentes puedan participar en la prestación de servicios a la minera.

Los ejidatarios de Carrizalillo han dejado en claro que no están buscando la salida por completo de la empresa, sino que pretenden micro mejoras que medio compensen los daños que enfrentamos por culpa de la extracción de oro. Es posible que lleguen a un acuerdo antes del fin de año, dando fin al plantón y permitiendo que la minera reanude operaciones en el ejido.

Pero el camino a la resolución es complicado, especialmente en lo que se refiere al agua y el trato de los representantes de la minera hacia la comunidad. Es una empresa racista y mentirosa, manifestó el ejidatario en entrevista. Equinox Gold ha demandado la mesa agraria del ejido en dos tribunales, acción que complica las negociaciones en curso y provocan más deterioro en las relaciones entre la firma canadiense y la comunidad.

El conflicto en Carrizalillo tiene implicaciones más allá del municipio de Eduardo Neri o del estado de Guerrero. Tiene relevancia a escala nacional, considerando que México es un país con más de 120 millones de hectáreas en concesión a empresas mineras, muchas de ellas canadienses, y con una multitud de conflictos provocados por daño ambiental y usurpación de tierras. También nos brinda un ejemplo de la fuerza comunitaria en una coyuntura de guerra y rapiña empresarial.

* Periodista canadiense. Autora de Capitalismo antidrogas. Una guerra contra el pueblo y Guerra neoliberal: desaparición y búsqueda en el norte de México