Ser un buen “ex” dentro del servicio público enaltece. Un buen “ex”, al concluir su responsabilidad, reconoce que el espacio político-administrativo que ocupaba es ya de alguien más y debe dejar de tratar de influir, inmiscuirse o dar “guía” a su sucesor.

Por ello, desde hace año y medio que dejé la Secretaría de Educación Pública, no he buscado influir, ni me he pronunciado sobre las propuestas, acciones u omisiones de la dependencia, ni tampoco, sobre las razones de mi salida, pero sí sobre algo fundamental: recordar de dónde venimos.

A veces la memoria es corta y se nos olvida la situación en que el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador encontró en 2018 al magisterio nacional.

El primer hallazgo de nuestra consulta nacional fue encontrarnos con maestras y maestros ofendidos, enojados, desmotivados por el trato que han recibido, no solo de las autoridades educativas, sino de los medios de comunicación e incluso, de la sociedad misma.

Esas palabras no son mías, sino del secretario de Educación, Emilio Chuayffet quien, en 2015, las pronunció en la Ciudadela.

Recordemos que, en aquellos años, organizaciones privadas iniciaron una campaña, que después adoptó la autoridad educativa, que desprestigiaba al magisterio y lo colocaba al centro de la responsabilidad y culpabilidad por el “fracaso educativo”.

Nada más injusto e inexacto. Fue una campaña que inició copiando una película producida en Estados Unidos, llamada Searching for Superman. La película local se llamó De panzazo. Lo único que logró evidenciar fue que la crisis educativa de México, además de sus características nacionales, se insertaba también en una crisis educativa global.

Eso no es una información para consolarnos, sino para tener una visión más amplia del problema, sus soluciones y sus oportunidades.

Si desde 2015 ya se venía gestando un malestar en el magisterio mexicano, para 2018 habían sucedido amplias protestas, serias represiones y lamentablemente, heridos y muertos.

¿Qué transformación educativa puede surgir de una imposición que llegó al extremo de quitar la vida a maestros disidentes?

Pues así recibimos en 2018 al magisterio y al sistema educativo.

Por ello, la primera tarea a emprender fue revalorar la función magisterial, y lo logramos.

Antes de asumir la Secretaría, desde agosto hasta noviembre de 2018, organizamos foros educativos en el país entero para escuchar al magisterio. Fue la primera vez, en años, que se abrían canales de expresión. Ahí se aprendieron muchas cosas.

Por mencionar alguna, ante la pregunta de ¿qué es lo que quieren pedirle al próximo secretario de Educación Pública? La respuesta generalizada no era “mayor salario”, “más prestaciones” o temas laborales. La respuesta era: más material didáctico, mejores auxiliares educativos.

Era de sorprenderse. Aún ofendidas, aún sentidas, nuestras maestras y maestros seguían mostrando su grandeza humana, su compromiso profesional y su enorme valía. Eso, ya lo había olvidado la sociedad y tenía que recordársele, además de traducir en norma constitucional un ambicioso proyecto de revalorización.

La gestación y elaboración del actual Artículo 3° de la Constitución fue una tarea extraordinaria.

Por definición, una modificación constitucional es el ejercicio más democrático posible en nuestro sistema de derecho ya que requiere de la aprobación de dos terceras partes del Congreso y de la mayoría de las legislaturas estatales. Además, se abrió el diálogo más incluyente posible, con la participación de los grupos, instituciones y personas interesadas en la educación pública.

Pero ojo, no obstante que se revaloró al magisterio en nuestra Constitución y se le reconoce el papel de “agentes fundamentales del proceso educativo”, el centro de la educación, el interés superior, lo tienen las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Esa inclusión es profundamente revolucionaria. Nunca se había reconocido que todo el esfuerzo educativo esté centrado en las y los alumnos.

Por vez primera se consagró en la Constitución la educación inicial como un derecho de la niñez. Se responsabilizó al Estado y se hizo conciencia sobre su importancia. Hay coincidencia en que los primeros años de vida determinan las décadas futuras de las personas. Por ello, la inicial debe ser prioridad y así quedó establecido.

Y así debe planearse la educación. Empezando con la pregunta: ¿qué tipo de mexicana o mexicano tener dentro de 21 años que concluyan su educación formal? Y a partir de esta visión, que debe ser colectiva, planear el esfuerzo de enseñanza aprendizaje de la universidad hacia atrás. ¿Por qué? Porque las universidades y tecnológicos reciben alumnas y alumnos formados en media superior, y esta etapa se conforma por egresados de educación básica y antes de preescolar e inicial. Si llegan sin la formación, actitud, conocimiento y desempeño esperados, a un siguiente nivel no pueden encontrarse grandes resultados.

El momento culminante de la revaloración magisterial llegó cuando la pandemia de covid-19 obligó a cerrar escuelas para salvar vidas.

El esfuerzo del aprendizaje a distancia obligó al magisterio a realizar nuevas prácticas pedagógicas que les significó un enorme sacrificio porque siguieron atendiendo a sus niñas, niños y jóvenes a la par de velar por los suyos, que no eran ajenos al golpe de una enfermedad entonces mortal. Tampoco se nos debe olvidar eso, ya que más de medio millón de personas que hoy nos acompañan en este viaje que es la vida, podrían haber perecido si no se hubieran suspendido las clases.

Tan solo un dato que muchos ignoran. ¡El magisterio tenía más de 100 mil maestros y maestras mayores de 80 años!

La revaloración magisterial no solo se dio en el discurso, en la ley, en una nueva relación de trabajo corresponsable o en la solución de buena parte del rezago administrativo (logramos basificar a casi 400 mil trabajadores de la educación) sino en una nueva visión de su papel, como agentes fundamentales de transformación, en el mismísimo artículo 3° constitucional.

Además, se creó el Sistema para las maestras y maestros en funciones docentes, directivas o de supervisión. Posteriormente se promulgó la ley que hoy lo regula, así como la promoción y reconocimiento, a través de un proceso de selección transparente, equitativo e imparcial.

Nuestra Constitución ahora define una educación democrática, nacional e inclusiva, de excelencia y define que los planes y programas tendrían una orientación integral, que incluye las ciencias y humanidades, las matemáticas, la lectoescritura, el civismo, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas, las lenguas extranjeras, el deporte y las artes, entre otros.

Esta es la base de los nuevos libros de texto de ética, civismo y vida saludable (que incluye alimentación, educación física y desarrollo socioemocional) que se elaboraron y distribuyeron en 2020.

Como podemos observar, el rumbo educativo de México quedó claramente establecido en el artículo 3° constitucional y en las cuatro leyes secundarias que posteriormente aprobó el Congreso en los años 2019 y 2020. Después, vendría la asignación del presupuesto a los programas educativos ya hechos ley, la formación magisterial y la gestión escolar para contar con la educación de excelencia que México merece.

El rumbo del país se cimenta en el rumbo de la educación y éste quedó claramente mandatado en nuestra Ley suprema, gracias a un ejercicio de diálogo que incluyó a todas y a todos.

Esteban Moctezuma Barragán, Embajador de México en Estados Unidos de América