Por años, pareció que todo consistía en salvar las últimas selvas y el último jaguar. Corredores medioambientales y áreas naturales parecían la aceptable trinchera de la resistencia ambiental donde cabían todos, desde mercaderes de emisiones hasta científicos y activistas con agendas no siempre compatibles. Por casi tres décadas también, todo giró en torno al neozapatismo, la autonomía indígena y esos viajes de turismo vivencial que empezaban en San Cristóbal de las Casas y terminaba en las playas de Oaxaca.

Y mientras tantos monitoreaban la salubridad de los manglares o las agresiones a los caracoles del EZLN, pocos se dieron el tiempo de observar lo que sucedía frente a nuestros ojos. México se convirtió “en uno de los principales paraísos industriales a nivel planetario” y ese laboratorio experimental “para el libre comercio y la desregulación” cambió la vida y los paisajes de todos nosotros sometiendo gran parte del territorio nacional “a una dinámica de densos corredores industriales interconectados entre sí, donde han proliferado industrias de alto riesgo, actividades agroindustriales extensivas y operaciones extractivas”.

Los entrecomillados pertenecen a la introducción del recopilatorio del #ToxiTourMéxico, la primera caravana sobre los impactos sociales y ambientales de las empresas transnacionales y el libre comercio en México que organizaron, en diciembre del 2019, el economista Andrés Barrera, la comunicóloga Primavera Téllez y un equipo de entusiastas colaboradores para que integrantes del tercer sector y representantes políticos, tanto de Europa como de Estados Unidos, se dieran un recorrido por esos lugares de devastación socioambiental.

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Esos que proliferaron gracias al sinfín de tratados comerciales -y protección de inversiones- que sus naciones firmaron con la natural complicidad de los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos.

Mapear la muerte silenciosa

Cambiar las cosas desde el gobierno tras años de observar las consecuencias del desastre es la misión imposible que se impuso Andrés Barreda. Y de esas Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA) que propone crear para mitigar la senda del desastre vino a hablar el doctor en Estudios Latinoamericanos la tarde del 4 de agosto del 2022 en el salón Jorge Pedrajo, ubicado en la planta baja del Centro Universitario de Investigación, Docencia y Acción en Territorio (Cupreder) de la Universidad Autónoma de Puebla. Lo acompañaron investigadores de esta institución, así como representantes de partidos y movimientos sociales, entre los cuales destacaba la Asamblea Social del Agua (ASA).

Durante su plática, Andrés Barreda Marín, coordinador de uno de los más ambiciosos programas nacionales estratégicos (Pronace) del Conacyt, denominado Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes, expuso el resultado de mapear estas RESA, las zonas de sacrificio que, a raíz del TLCAN y el acoplamiento entre las cadenas de valor de Estados Unidos y México, detonaron una superposición de procesos contaminantes que afectó, de forma irreversible, la salud de las poblaciones expuestas a una descomunal variedad de sustancias químicas que, desde entonces, minan la salud de las poblaciones ribereñas del Eje Transversal Neovolcánico.

Lo que era un referente geológico, se convirtió, al cabo de los años, en una sucesión de infiernos ambientales, acelerada por el trazado del Arco Norte, inaugurado en tiempos del presidente Calderón.  Emergiendo entre las costas de Nayarit y recalando en las de Veracruz, esta cordillera de suelos fértiles y abundante población,  la región alberga  15 regiones de máxima degradación (o RESA) que corren en paralelo a las cuenca hídricas más pestilentes de México -Río Lerma,  Río Tula y Alto Balsas- integrando “en un solo corredor industrial el puerto de Veracruz, Orizaba, Puebla, San Martín Texmelucan e Hidalgo y toda la frontera con Estado de México, o la región de Tula, mientras Querétaro y Guanajuato se convirtieron en el centro industrial del país, seguidos por el corredor sur de Guanajuato, que se llenó de industrias y se integró con Jalisco, rodeando la CDMX”.

Dos horas de datos y reflexiones, contrapunteados por los especialistas del Cupreder y los activistas que encabezan la lucha contra la privatización del agua en Puebla, que, como Ana Lluvia García Vilchis, sintetizaron el espíritu de la reunión. “Ya no es tiempo de problematizar, es tiempo de actuar”.

Y mencionaba la docente de la BUAP la necesidad de aprovechar esa “correlación de fuerzas”, o la inusual coyuntura política que surgió durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Hoy, en la recta final del sexenio, se juegan muchas de las promesas, las esperanzas y las contradicciones que despertó la Cuarta Transformación desde diciembre del 2018.

En la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuya titular, María Luisa Albores, se formó en el movimiento cooperativo indígena cuetzalteca de la Tosepan Titataniske, o en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, encabezado por la genetista María Elena Álvarez-Buylla, colaboran hoy personas que se forjaron en luchas por el territorio y en denuncias colectivas de alto voltaje. De ahí viene Andrés Barreda, una de los más visibles portavoces de Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), quien decidió, en 2019, que era tiempo de montarse en el ogro filantrópico para descubrir, si en verdad, podía frenarse la mayor de las corrupciones.

Desvío de poder

Esa que Barreda gusta en llamar “desvío de poder” y permitió por años que Semarnat, Conacyt y el gobierno federal en pleno dejaran que los cárteles privados de la industria y la agroexportación dictaran la letra -grande y pequeña- de la legislación federal en “una ingeniería de fragmentación de competencias y de leyes” que para los recién llegados a los organismos federales resultó un “shock de realidad”.

Barreda y tantos otros descubrieron que no fue el Estado, sino su ausencia, la razón del infierno ambiental mexicano.

Y para ello se requirió una primera fragmentación, que exponía Barreda:

“Separaron el tema de la salud del tema de medio ambiente. Se hizo una ecología sin salud y una salud sin medio ambiente. Se dijo que el tema era la agenda verde (corredores, biodiversidad). Cuando antes era la Secretaría de Salud quien manejaba el tema. Al escindirlas, se construyeron generaciones de biólogos y naturalistas que se centraron solo en eso. Luego, a la contaminación la llamaron agenda gris y quedó arrinconada cuando los daños por flúor o arsénico son gravísimos. Pero no se puede entrar a la agenda gris porque está descuartizada y hoy no podemos correlacionar, por ejemplo, la distribución de las enfermedades con la distribución de diferentes agentes tóxicos porque falta información”

Para este profesor de la UNAM, la segunda fragmentación que promovió el neoliberalismo llegó a inutilizar la fuerza del Estado, desmantelado hasta la raíz. Incluso cuando varias instancias de la Cuarta Transformación unen sus fuerzas en un Grupo de Coordinación Intersectorial entre las secretarías de Salud, Semarnat y Conacyt descubren sus integrantes que ni la mayor de las voluntades políticas alcanza ante el derrumbe real de las capacidades de intervención. Todas las causantes de la sobreexplotación de acuíferos o todos los sospechosos de descargas ilegales, por ejemplo, cuentan no solo es la ancestral corrupción de los inspectores, sino la misma segmentación de competencias que produce grotescos paraísos de impunidad.

Hércules o Sísifo

Es ahí que, según Barreda, el choque con la realidad se vuelve exasperante. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ​(Cofepris) puede intervenir solo en el interior de una fábrica contaminante, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se limita a averiguar a las puertas de una instalación sospechosa y Conagua apenas revisa las descargas exteriores de aguas negras que, de verterse en aguas municipales, son potestad del operador local de aguas.

Cuatro instancias con facultades mermadas, arreglos consuetudinarios, inspectores sin moral y raquítica plantilla, atrapadas en un sinfín de barreras legales que inhiben tanto la acción ejecutiva de los altos funcionarios como la propia capacidad de comprensión de los políticos al cargo, asfixiados por esta membrana de poderes autónomos y fácticos que desregularon por años y saben que los sexenios pasan, pero ellos quedan.

Nada está decidido. Pronto se sabrá si esos proyectos de ruptura se asemejan en algo a los eficientes trabajos de Hércules o lucirán como la inútil talacha de Sísifo, que, en esa rutinaria tragedia de todos los sexenios, empuja la piedra hacia la cima para que el siguiente tlatoani la eche, de nuevo, cuesta abajo.

Para los activistas que desafiaron el purismo de la resistencia y cruzaron hacia la orilla prohibida del gobierno, el viaje valió el desgaste. Durísimo fue el esfuerzo de “entender y explicar” el país que nos legaron y “no alcanza el tiempo” en lo que queda de gobierno. Aun así, los caminos para enfrentar la catástrofe medioambiental están diseñados. “Se está trabajando una propuesta de ley unificada de sustancias tóxicas, procesos contaminantes y salud ambiental y laboral que esté lista para el final de este sexenio”, recalcó Barreda, pero “será el próximo sexenio si Dios nos da licencia”.  Y siempre que Dios sea mujer, añade ese insidioso cronista de una plática acaecida una tarde de verano en la casa que mandara construir hace más de cuatro siglos el próspero comerciante gachupín Melchor de Covarrubias.

La Jornada de Oriente, agosto 8, 2022