Las universidades nunca han sido homogéneas, mucho menos monolíticas. Históricamente coexisten en ellas y se confrontan distintas fuerzas y corrientes de pensamiento. Las universidades en México, y en particular la UNAM, no son excepción. En ellas han tenido lugar debates, enfrentamientos y conflictos por visiones encontradas del mundo y la sociedad, proyectos de país, concepciones sobre la orientación y organización de la universidad y reivindicaciones de académicos, estudiantes y trabajadores, entre otros.

Frente a la huelga estudiantil de 1929, el gobierno otorgó la autonomía a la Universidad Nacional. La autonomía es la relación política, histórica y dinámica entre la universidad y las instituciones del Estado mexicano. Sus características, límites y alcances han dependido de la relación de fuerzas, de la cohesión interna entre los universitarios y de las pretensiones intervencionistas de distintos gobiernos. Desde los años 40, las universidades públicas se alinearon a los proyectos del partido oficial y reprodujeron el autoritarismo, el presidencialismo y el corporativismo que han caracterizado al Estado mexicano. En la UNAM, este régimen se consagró en la Ley Orgánica de 1945, vigente hasta ahora.

A partir de los 60, en algunas universidades se rompió la hegemonía priísta sobre estudiantes y académicos. Salvo excepciones, como Barros Sierra en 1968, las administraciones autoritarias se supeditaron al poder público y enfrentaron a movimientos internos por la democratización de la universidad y la sindicalización del personal académico. Destacan la represión desatada por el rector Soberón, las expulsiones por motivos políticos, la marginación de las izquierdas universitarias y las intervenciones de la policía en el campus, en 1973 y 1977. Años más tarde la entrada de la policía, en 2000.

Durante las administraciones de Carpizo, Sarukhán, Barnés y De la Fuente (1984-2007) se impusieron a la UNAM y demás universidades públicas del país políticas de ajuste estructural y las llamadas neoliberales, que desde los años 80 prevalecieron en el mundo. La evaluación asociada a la entrega de recursos financieros a instituciones e ingresos a los académicos se convirtió en eje de las políticas públicas para educación superior. Desde el gobierno federal se buscó subordinar a las universidades, sus orientaciones, sus prácticas y a sus actores principales –docentes y estudiantes– a estas políticas. En 1986, 1992 y 1999 intentaron incrementar las cuotas. La resistencia de académicos y estudiantes logró moldear las prácticas y criterios de evaluación y limitar el impacto de las políticas restrictivas manteniendo el pase reglamentado del bachillerato a las licenciaturas. Las luchas estudiantiles mantuvieron la gratuidad en la UNAM.

A pesar del conservadurismo oficial, en la UNAM se ha consolidado una conciencia heterogénea del compromiso social de la universidad y su postura crítica –fundada en el conocimiento– frente al poder político y las fuerzas dominantes. Las interpretaciones diversas sobre el significado de esta “conciencia” universitaria, así como las relaciones cambiantes con otros actores políticos y sociales externos, han generado debates profundos y tensiones internas entre corrientes y de cara a distintas administraciones. Estas corrientes se expresan también de manera diferente, en cada campo, disciplina y profesión, en la generación y transmisión de conocimientos y en las publicaciones académicas, entre otras actividades universitarias.

Grupos conservadores –unos más que otros– amparados en la normatividad vigente, han mantenido el poder a lo largo de muchas décadas, negándose siempre al cambio. Han hecho frente a las demandas de democratización, transparencia y mayor participación en la toma de decisiones y el nombramiento de autoridades. Este es sin duda un desacuerdo y un reto pendiente que es necesario dirimir dentro de la UNAM, sin abrir paso a pretensiones de resolverlos desde afuera.

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El sindicalismo académico de los años 70; los movimientos del CEU (1987 y 1992) el Congreso Universitario de 1990, y el CGH (1999-2000); las expresiones políticas en favor de Cárdenas en 1988, 1994 y 2000; el apoyo al EZLN desde 1994; la participación en el #YoSoy132, en 2012; las acciones por la presentación de los estudiantes de Ayotzinapa en 2014; la argumentación crítica y las acciones en contra de la “reforma educativa” de Peña Nieto; los paros de docentes de asignatura (2021) y las luchas actuales de las mujeres por la igualdad y contra la violencia de género, han movilizado y polarizado a la UNAM y a su entorno político y social. Estos procesos han sido parte de la disputa continua por el rumbo y el posicionamiento de la universidad. ¿Tiene algún sentido entonces, afirmar que la UNAM se ha derechizado?

Las disputas y enfrentamientos se han dado en el marco de condiciones políticas e históricas concretas que determinan los límites y alcances de la autonomía. Siempre han involucrado a representantes del poder público y a otros actores externos que –con mayor o menor conocimiento y con intereses diversos– pretenden incidir en la definición de los derroteros de la universidad y en los procesos internos de debate y confrontación. La universidad de la nación no puede pretender silenciar ni acallar opiniones sobre la institución y su futuro. Los universitarios, sin embargo, reclamamos que el debate esté fundado en sólidas reflexiones, conocimientos e información. También exigimos respeto para que las transformaciones necesarias y la solución de controversias y conflictos se den en el marco de acuerdos y decisiones internas.

Imanol Ordorika, Director General de Evaluación Institucional de la UNAM

 Periódico La Jornada

miércoles 27 de octubre de 2021 , p. 22