En las últimas semanas han ocurrido varios sucesos relevantes en la lucha contra el maíz transgénico y el cancerígeno glifosato que muestran la importancia que tiene el maíz nativo para la población, organizaciones y comunidades en México, pero también el empeño de las trasnacionales para seguir lucrando a costa de la salud de la gente y el ambiente.

A principios de octubre se hizo público que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) rechazó por primera vez un maíz transgénico de Bayer-Monsanto para consumo. En años anteriores autorizó decenas de transgénicos de maíz. No para siembra, que es competencia de la comisión de bioseguridad. Casi todo el maíz importado va como forraje al negocio trasnacional de cría industrial de cerdos y pollos, pero este puede llegar a consumo humano intencional o accidentalmente en el trasiego, almacenamiento, procesamiento o en usos alimentarios industriales. Ya se comprobó contaminación transgénica de maíz nativo, que podría tener este origen.

Cofepris basó su decisión en el principio de precaución, como debería haber sido siempre, pero antes funcionaba como borrego de las empresas. Bayer (antíquisima fabricante de venenos y ahora propietaria de Monsanto) alegó que la resolución y cuestionamiento al glifosato no tiene bases científicas. Probablemente se refiere a los científicos pagados por la empresa, una conducta que se demostró y fue clave para que Monsanto perdiera varios juicios en Estados Unidos por daños a la salud. Sabía que el glifosato era potencialmente cancerígeno, pero lo ocultó y pagó a periodistas y científicos para escribir informes alegando que no tiene grandes riesgos (https://tinyurl.com/9zzaxtxk).

Con más de 100 mil juicios en Estados Unidos contra la empresa, de personas y familiares que sufren cáncer u otros daños por uso de glifosato, luego de haber perdido tres casos emblemáticos por decenas de millones dólares, Bayer anunció que ofrecerá 14 mil 500 millones de dólares para compensaciones. En julio 2021 anunció que ya no venderá este agrotóxico para uso residencial, pero sí para uso agrícola. Al parecer considera que los agricultores son descartables, por lo que pese a las abrumadoras evidencias de daños a la salud, seguirá vendiendo este veneno declarado cancerígeno por la OMS desde 2015.

La empresa anunció que apelará de la decisión de Cofepris. Todo muestra la falta de ética de Bayer-Monsanto y su doble rasero: los consumidores y agricultores de México pueden seguir expuestos al tóxico mientras no la lleven a juicio.

El evento rechazado por Cofepris es el maíz HT3 Smartstax Pro, según Bayer. Este maíz transgénico es tolerante no sólo a glifosato, también a glufosinato y dicamba, además de incluir genes de varias toxinas de la bacteria Bt, como insecticida. La combinación de tres herbicidas aumenta exponencialmente la toxicidad de este maíz. Dicamba es tan tóxico, que hay más de 100 juicios de agricultores contra Bayer y Basf en EU, porque la deriva de este agroquímico ha matado cultivos y árboles en campos vecinos. Básicamente, lo que defiende la trasnacional es su derecho a envenarnos para aumentar sus ganancias.

El rechazo de Cofepris se sumó a otros reveses legales. En mayo, jueces denegaron a Bayer y al Consejo Nacional Agropecuario amparos presentados para no cumplir con el decreto gubernamental de diciembre 2020 que instruye a no autorizar la siembra de maíz transgénico, establecer cuotas de importación y sustitución gradual del glifosato hasta 2024. Ha habido amenazas de usar el T-MEC y 26 amparos de diversas empresas contra este decreto, pese a que es ambiguo y deja abierta la puerta para excepciones si no se consigue sustituir el maíz con glifosato. Greenpeace presentó este mes un documento que muestra que México, basado en tratados internacionales sobre derechos humanos y otros, puede y debe oponerse al maíz transgénico, al glifosato y otros agrotóxicos (https://tinyurl.com/7xrsmc7h).

Paralelamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó definitivamente a Bayer-Monsanto, Syngenta, PHI México y Dow (esas dos ahora fusionadas en Corteva) amparos para no obedecer la suspensión de siembras comerciales de maíz transgénico mientras dura la resolución de la demanda colectiva presentada en 2013 por 53 individuos y 20 organizaciones. La demanda reclama se respeten los derechos a la biodiversidad y a un ambiente sano, lo cual se ha interpretado como herramienta para impedir la siembra de maíz transgénico. Sin duda, la sentencia de SCJN es positiva, pero no altera una sentencia anterior de 2016 que permitió las siembras experimentales de maíz transgénico con fiscalización, algo que las empresas no han usado, pero es un foco abierto a la contaminación de maíces nativos. Justamente Greenpeace y Cemda denunciaron esta semana la siembra ilegal de transgénicos en Campeche, que pese a ser evidente, el gobierno no ha fiscalizado (https://tinyurl.com/dx35x5kc).

Frente a todo lo anterior, el secretario de agricultura Víctor Villalobos –operador de las trasnacionales de transgénicos y agrotóxicos en este y gobiernos anteriores– aseguró a su par de Estados Unidos que México seguirá importando maíz transgénico, implícitamente garantizando que el decreto presidencial no será efectivo, ni respecto a la importación de maíz transgénico ni al glifosato (https://tinyurl.com/bhvr278e).

Bayer, Villalobos, CNA y similares pueden estar seguros de que la lucha contra los transgénicos y los agrotóxicos seguirá, desde muchos frentes. Nos va la vida en ello.

Silvia Ribeiro es Investigadora del Grupo ETC