La reciente decisión oficial de reactivar las clases presenciales ha generado una gran polémica en nuestro país, algo lógico si consideramos sus potenciales implicaciones a nivel de salud pública, actividad económica, continuidad educativa y relación entre Estado-magisterio.

Para el gobierno federal resulta de particular interés el costo político que una medida de tal magnitud podría conllevar. Así, ha buscado construir un consenso político-discursivo con distintos actores respecto a la pertinencia de las actividades educativas presenciales. En esta dimensión pueden interpretarse el compromiso abierto –de corte corporativo– con la dirigencia nacional del SNTE; el acercamiento entre Delfina Gómez, titular de la SEP y el Episcopado Mexicano, que se había mostrado cuando menos escéptico respecto a la revisión de los libros de texto impulsada por la 4T y la recuperación de la exigencia principal del mediático movimiento Abre mi Escuela –conformado por padres de familia y apoyado por instituciones educativas privadas– sobre considerar a la educación como una actividad esencial; es decir, una que puede llevarse a cabo independientemente de las condiciones del semáforo epidemiológico. De esta forma, el gobierno puede plantear que el magisterio mexicano está dispuesto a regresar a clases con buen ánimo y que la reapertura escolar, exigida por las propias familias, es una decisión sensata aún considerando el tsunami de contagios de Covid reportados recientemente, en el cual la variante Delta ha resultado protagonista.

Para el propio gobierno federal, ha quedado claro que las condiciones estructurales de nuestra sociedad han llevado a que el programa Aprende en Casa sea insuficiente para garantizar la continuidad educativa. Además, tal como lo plantea la Unesco a escala global, el cierre prolongado de escuelas ha impactado negativamente en distintos ámbitos como el aprendizaje y la nutrición de los estudiantes, el trabajo docente y las funciones de cuidado en los hogares. También ha profundizado la deserción escolar, que en México ha alcanzado a más de 5 millones de personas, según el Inegi y a casi un millón, de acuerdo con datos de la SEP.

Es importante considerar que el debate que llevamos a cabo ahora ha sido realizado ya en otras partes del mundo. Para contribuir a una discusión informada, distintas agencias de salud han publicado información relativa a las actividades escolares y el riesgo de transmisión del nuevo coronavirus.

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDPC, por sus siglas en inglés) ha indicado que la transmisión del virus en entornos escolares no es un determinante principal de transmisión comunitaria, particularmente cuando se implementan medidas de mitigación adecuadas, aunque resulta difícil evaluar esto cuando la transmisión comunitaria está en curso. Entre las medidas de mitigación se encuentran: distanciamiento físico, mejora de la ventilación, lavado regular de manos, reducción del tamaño de clases, escalar tiempos de llegada y tiempos de comida y descanso, así como cambios en la composición de clases y grupos, y la realización de clases al aire libre. Resulta importante, además, administrar vacunación completa al personal educativo. Medidas que requieren infraestructura, insumos, organización, coordinación entre el sector educativo y distintos niveles de gobierno, y una condición de transmisión comunitaria controlada.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) afirman que, según la evidencia disponible, las escuelas que han implementado estrictamente estrategias de prevención han sido capaces de mantenerse abiertas. Además de las propuestas hechas por el ECDPC se contempla el uso universal y correcto de cubrebocas, etiqueta respiratoria, limpieza y mantenimiento de las instalaciones, seguimiento de contactos con aislamiento y cuarentena. Adicionalmente, se considera la realización de pruebas para identificar individuos positivos al nuevo coronavirus, así como la inoculación del personal educativo.

Ambas entidades coinciden en que la reapertura escolar puede resultar segura mediante determinadas condiciones, las cuales, en gran medida, están ausentes en nuestro sistema educativo. Para muestra, unos cuantos botones:

Durante el ciclo escolar 2019-2020 alrededor de 41 mil 423 escuelas no tuvieron agua potable y 47 mil 566 carecieron de servicio para el lavado de manos, según el Mejoredu; la ratio alumnos/profesor en México ha sido de las más altas de la OCDE, lo cual dificulta la sana distancia; persisten dudas respecto a la suficiencia de una sola dosis de la vacuna Cansino, recibida por los docentes, y al menos siete estados de la República se encuentran en semáforo rojo y muchos otros en naranja.

Se han publicado y difundido interesantes artículos sobre algunas medidas a considerar para un regreso seguro a las aulas. Sin embargo, su realización requiere un compromiso profundo entre los distintos órdenes de gobierno y las comunidades educativas para avanzar en cuestión de presupuesto, logística y cobertura, algo que rebasa, por mucho, los 10 lineamientos de reapertura y la carta de corresponsabilidad de las familias emitidos por la SEP.

El gobierno ha optado por operar un retorno a las escuelas desde arriba, aunque hay otras opciones. Docentes de la CNTE, por ejemplo, han propuesto consultar a las familias respecto a la reapertura, partiendo del supuesto de que cada comunidad escolar puede decidir de forma autónoma –considerando las condiciones de las escuelas y el estado de la transmisión comunitaria– el momento idóneo para el regreso a actividades presenciales.

Esto no significa desvincular a las comunidades educativas de los distintos niveles de gobierno, sino es un intento por crear una sinergia que permita conocer necesidades, asignar recursos y crear corresponsabilidad real ante lo que sucede en las aulas.

Esa es la política que necesitamos.

Mauro Jarquín Ramírez es Politólogo. Autor del libro La pedagogía del capital