Este 26 de septiembre se cumplieron nueve años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y el asesinato de seis personas, tres de ellos normalistas. Son más de 3 mil días en los que sus madres, padres, familiares y compañeros no han cesado de buscar la verdad, de buscarlos. Siguen sin saber dónde están.

Es un caso emblemático que marca a México en el mundo, una ventana feroz a la realidad de un país que tiene una profunda herida abierta de desapariciones y masacres impunes, guerra sucia, Tlatelolco, Acteal, Aguas Blancas y más. Un caso marcado de inicio por el ocultamiento de la verdad y el hostigamiento a familiares y a quienes la buscan.

La presencia y compromiso constante del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) desde 2014, ha sido fundamental para conocer lo que sabemos hasta ahora. Desmontaron con pruebas la verdad histórica construida por el gobierno de Peña Nieto que intentó presentar que el caso era de ámbito municipal y que los normalistas habían sido quemados por narcotraficantes en un basurero y sus restos echados al río. Todo, fabricando pruebas y con declaraciones que ahora sabemos se hicieron bajo tortura. Ese expediente fue cerrado legalmente.

Pese a muchas dificultades y acoso, a ser víctimas de espionaje y amenazas durante el gobierno anterior, el GIEI presentó dos informes que sentaron las bases para la investigación real del caso. Señalaron que fue un ataque masivo y concertado en nueve escenarios distintos, durante varias horas. Que estuvo implicada policía municipal, estatal, federal y Ejército, que monitoreaba a los estudiantes desde antes de su llegada a Iguala. El GIEI fue entonces objeto de una campaña de difamación, acusado de intentar socavar las instituciones, entre ellas las fuerzas armadas. Peña Nieto les cerró la puerta, pero dejaron en el país los datos y recomendaciones para seguir el caso.

El presidente López Obrador demoró en recibir a los familiares de los 43 normalistas, pero se comprometió a atender sus reclamos. En 2019 se creó una unidad especial de la fiscalía para investigación del caso Ayotzinapa (Ueilca) y una Comisión de la Verdad (Covaj). En 2020 se pidió al GIEI volver a México, que desde entonces ha provisto a esas dos instancias y a la Presidencia de todos sus hallazgos, análisis y conclusiones sobre el caso. De 2020 a julio del 2023, han demostrado múltiples casos de tortura (e incluso muerte de detenidos) testimonios falsos y fraudes documentales. Obtuvieron y dieron a conocer un video de la Marina, donde se observa cómo se fabricó el falso escenario del basurero de Cocula y el río San Juan.

El GIEI siempre trabajó escuchando, informando y relacionado a las demandas de las madres, padres y familiares de las víctimas. La investigación basada en pruebas y la confianza con ellas y ellos fue el punto principal de su trabajo. Con su respaldo, el GIEI hizo una petición por la cual el Presidente ordenó abrir todos los archivos y dar acceso al GIEI y a la Covaj a las pruebas documentales del Ejército (Sedena), la Marina (Semar) y los servicios de inteligencia (Cisen, ahora extinto). Esto ayudó a obtener nuevas pruebas e indicios relevantes sobre los hechos y el posible destino de los jóvenes.

A partir de la nueva información, el gobierno reconoció en 2022 que el caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado. Se detuvo al ex procurador General de la República, a dos generales, 20 miembros del Ejército y otros 100 detenidos miembros de crimen organizado, de fuerzas de seguridad y funcionarios del Estado. Aclara el GIEI que muchos fueron detenidos por vinculación al crimen organizado, no por el ataque a los normalistas. Las órdenes de aprehensión emitidas por la Ueilca fueron parcialmente revertidas, sobre todo las relacionadas al Ejército. Más tarde se repusieron, pero no a todas se les ha dado curso.

En la presentación de su sexto informe el 25 de julio 2023, el GIEI muestra con pruebas contundentes la presencia de efectivos de las fuerzas armadas y policía federal, además de municipal y estatal, en los escenarios y el momento donde se llevó a cabo el ataque, las muertes y desaparición de los normalistas. Por medio de análisis de ubicación de telefonía y documentos entregados al GIEI y Covaj, comprueban la presencia de oficiales del Batallón 27 y del Batallón 41 del Ejército el 26 y 27 de septiembre. Al contrario de lo que ha declarado el Ejército durante nueve años, sabían lo que ocurría en tiempo real y estuvieron presentes en el lugar de los hechos. También hay datos de interceptaciones de mensajes entre policías y crimen organizado que muestran que el Ejército conocía lo que estaba pasando desde la misma noche del 26 y días después, donde se habla del traslado de 17 estudiantes y de que tienen que aparecer 10 al menos para calmar las cosas. Nada de eso se había conocido hasta ahora.

Los propios documentos entregados por Sedena, Semar y Cisen muestran que retiraron información clave que no entregaron al GIEI ni a la Covaj. Esto se ve sin dudas en la presentación del GIEI que está en línea: https://tinyurl.com/2ru88fnw

Es esencial acceder a esa información faltante, porque, como reclaman los padres y madres, puede dar con el paradero de los desaparecidos.

El GIEI cerró sus tareas en México el 31 de julio, ante la negativa repetida para acceder a los documentos faltantes y la reiterada falta de verdad de las respuestas de Sedena. De ninguna manera el caso está cerrado. El estado y sus instituciones tienen la obligación de investigar, buscar a los desaparecidos y hacer justicia. Las madres, padres, familiares de los 43 estudiantes y de muchas otras personas desaparecidas no cejarán en la búsqueda. Seguiremos reclamando verdad y justicia desde toda la sociedad.

* Investigadora del Grupo ETC