Con el inicio de la vacunación al personal del sector educativo a escala nacional, y ante un inminente, aunque lento y gradual, retorno a las labores educativas presenciales en el país, se vuelven a poner sobre la mesa numerosos indicadores inquietantes acerca de los efectos de la pandemia sobre la educación en el país, después de 15 meses. Como hemos dicho aquí en otras ocasiones, el regreso a la presencialidad no equivaldrá a un retorno a las condiciones previas, sino el desafío de hacer frente a un conjunto de nuevos y viejos retos profundizados para retomar el cauce y restablecer la calidad académica afectada por el distanciamiento social.

La pandemia produjo el recrudecimiento de crisis que ya sufría el país, entre ellas la educativa. En 2018 la prueba estandarizada Planea evidenció que 80 por ciento de los alumnos no llegaban al nivel de rendimiento esperado en matemáticas, lectura y escritura. Ese año se reveló que sólo 12.9 por ciento de las escuelas registradas en la SEP contaban con talleres de cómputo, 46.7 por ciento disponían de al menos un equipo de cómputo y 22.7 por ciento tenían acceso a Internet. En otras palabras, ya antes de la crisis sanitaria, el sistema educativo en el país estaba condicionado por evidentes asimetrías en derechos digitales que, ya durante la pandemia y la obligada transición a la virtualidad, dejaron a muchas personas limitadas para continuar sus procesos educativos.

La referida brecha digital ha afectado tanto a docentes como a alumnos. Un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado en agosto de 2020 estimó que el sistema de educación en línea implementado por la SEP dejó fuera a 55.7 por ciento de los hogares; mientras, la alternativa de la educación por televisión garantizaba mayor alcance, pero en detrimento de la calidad académica y las posibilidades de un seguimiento docente efectivo.

Ante la agudización de la crisis económica y la ineficacia o inviabilidad de las alternativas pedagógicas disponibles, unos 2 millones de alumnos se dieron de baja del sistema educativo nacional, e incluso –de acuerdo con el Observatorio de Innovación Educativa– se temía que cuatro de cada 10 escuelas podrían desaparecer. Asimismo, un diagnóstico publicado por el Inegi en pasado marzo, reveló que 5 millones de alumnos se quedaron fuera de las escuelas por diversos motivos, el principal es la falta de recursos, tanto económicos como digitales.

A las dificultades académicas y pedagógicas hay que sumar los grandes retos logísticos que supondrá el retorno, configurados por las desigualdades sustantivas en términos de accesibilidad a la educación y a la salud. La vacunación, si bien avanza, depende decisivamente de los vaivenes del mercado internacional, pues los biológicos se han convertido en, tal vez, el bien más preciado y escaso de nuestro tiempo. Por ahora, 17 entidades de la República ya han iniciado la inmunización al sector educativo, pero no todo se resolverá con ello, pues también será necesario librar escollos como los que supone la armonización de los cuidados en casa por parte del personal docente y de apoyo de las instituciones; así como garantizar el respeto a los protocolos dentro de las aulas y en las instalaciones educativas en general.

Desde las instituciones educativas, específicamente las universidades, enfrentamos retos mayores que podemos desagregar en dos grandes dimensiones. La primera corresponde a los desafíos epistemológicos: la urgencia coyuntural por retornar a la normalidad plantea la amenaza para todas las sociedades de acabar refuncionalizando el viejo orden de cosas. Las universidades e instituciones educativas deberán decidir entre convalidar lo antiguo o proponer un cambio profundo para sí mismas, para sus comunidades estudiantiles y para sus sociedades. Ello supone recordar que la producción de conocimiento y la investigación han de tener como horizonte la reconfiguración de nuestra sociedad en orden a construir mayor resiliencia, a construir condiciones de igualdad sustantiva y de garantía de los derechos humanos para todos sus integrantes.

La segunda dimensión corresponde a los retos didáctico-pedagógicos. Es el momento de una revisión profunda de cuáles son y serán las mediaciones didáctico pedagógicas que toca implementar. ¿Cómo planteamos una nueva educación en presencia que sea mucho más significativa, pertinente, cercana a la propia sensibilidad de nuestros estudiantes? ¿Cómo resignificar y rescatar los beneficios de la educación virtual? La amenaza del llamado apagón pedagógico global, provocado por la capacidad de obtención de conocimiento a través de recursos tecnológicos básicos, así como por la subordinación de las universidades al mercado laboral, ha provocado la tentación de desasociar a la universidad de la pertinencia social. Por ello debemos resignificar nuestros procesos educativos para que sean los jóvenes los verdaderos protagonistas de los procesos formativos y quienes den forma a los procesos de construcción y apropiación de conocimiento en función del mayor bien para la sociedad y de futuros más esperanzadores.

Sin duda, el retorno paulatino a las aulas nos pondrá frente al rezago educativo generado por la pandemia y los retos de adaptar nuestros paradigmas educativos a la pertinencia social de nuestro momento histórico. Pero también es una oportunidad inédita para reivindicar los entornos educativos como espacios vivenciales propicios para generar nuevos entramados de convivencia y sociabilidad más saludables, más dignos e igualitarios.