Los avances que está logrando el gobierno de la 4T son ya un parteaguas en la historia moderna de México. Esto sólo pueden negarlo los opositores de derecha (Frena, México Sí, los partidos opositores) y de izquierda (el EZLN, los intelectuales y ambientalistas radicales, etcétera). Ambos padecen de una ceguera, de un sesgo evidente, que proviene de intereses mezquinos, actos de desesperación y/o ideologías anacrónicas. Pero también existe una ceguera entre quienes apoyan acríticamente a la 4T; aquellos que sólo ensalzan sus logros y aciertos y ocultan o ignoran sus tropiezos, errores y retrocesos. El apoyo crítico a un gobierno progresista, donde abundan las contradicciones y los claroscuros, supone ponderar lo más limpiamente posible aciertos y errores y ello exige tener un panorama completo de la totalidad de sus acciones. Si la 4T está por una transformación verdadera y profunda, debe aceptarse la discusión abierta de acciones, planes y visiones entre quienes la realizan y entre quienes la apoyan. Ello supone un diálogo entre la izquierda institucional y la izquierda social o ciudadana. “Y este diálogo entre gobierno y sociedad organizada –afirma Miguel Concha ( La Jornada, 14/11/20)– no puede ser pensado como reparto de prebendas y recursos, sino como la generación de consensos en torno a estrategias para la realización de un programa que recoja las muy claras demandas de la sociedad organizada.”

Los desafíos ambientales han sido los temas más incómodos para los gobiernos progresistas de la América Latina, y los que les han llevado a situaciones de fracaso y de estancamiento. Esto no debería repetirse en México. Las dos tareas principales de un verdadero gobierno de izquierda son eliminar la explotación del trabajo humano y suprimir la explotación del trabajo de la naturaleza. Ambos procesos de emancipación, la social y la ambiental, están íntimamente ligados. Extraña que un gobierno volcado a rescatar de la marginación y la pobreza a millones de familias y a procurar el bienestar social no asuma la importancia que tienen la restauración de la naturaleza y la protección del ambiente, fuertemente dañados por las políticas neoliberales. Lo anterior se expresa en el presupuesto. Con el nuevo gobierno, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) recibió 6 mil millones menos de pesos de lo que ejerció en 2018 con Peña Nieto, y su presupuesto de 2020 representó apenas 2.52 por ciento de lo otorgado a las energías fósiles (Sener, Pemex y CFE).

Subestimar los desafíos ambientales significa ignorar el contexto de crisis global que ha desencadenado el cambio climático, un asunto que han asumido los principales gobiernos del mundo, pero también es desconocer que el bienestar social está en íntima relación con la producción, sana o dañina, de los alimentos, el uso responsable del agua, la transición hacia energías renovables, el transporte no contaminante, el impulso a industrias y ciudades limpias, la conservación de cuencas, costas, mares, bosques, selvas y biodiversidad. La salud humana y la salud ambiental no son sino las dos caras de la misma moneda. El dato de que 80 por ciento de los fallecimientos por Covid-19 se localizan en las seis regiones con la mayor contaminación industrial lo ­corrobora.

En suma, la política social y la política ambiental deberían ser los dos ejes centrales de la 4T. Esto es lo que indica el panorama no sólo de México, sino del mundo, cuya crisis es más que evidente. “Hasta hace muy poco –escribió Enrique Dussel en su obra Veinte tesis de política (2006: 81)– la política no había descubierto su responsabilidad ecológica. En realidad, es su función esencial, desde su origen. La política es una actividad en función de la producción, reproduc­ción y aumento de la vida de los ciudadanos. La previsión de la permanencia de la vida de la población de cada nación en la humanidad que habita el planeta Tierra es la primera y esencial función de la política”.