Este artículo explora el analfabetismo funcional jurídico y la nueva vulnerabilidad del mexicano en la vida democrática del país.

Introducción

Hay algo profundamente paradójico en la vida moderna: nunca habíamos estado rodeados de tantas disposiciones legales y normas jurídicas, como son convenios, contratos, avisos legales, políticas de privacidad, términos y condiciones para uso de aplicativos en la red, reglamentos, lineamientos, disposiciones jurídicas … y, al mismo tiempo, nunca había sido tan difícil comprender realmente el Derecho que gobierna nuestra vida cotidiana.

Firmamos contratos bancarios prácticamente sin leerlos; aceptamos términos digitales que no entendemos al usar aplicaciones o al comprar en la red; celebramos convenios o contratos laborales, mercantiles o civiles cuyo alcance desconocemos; e, incluso, obedecemos disposiciones legales que rara vez comprendemos plenamente, como lo es obtener la Clave Única de Registro de Población (CURP) digital que es una versión avanzada y certificada que incluye datos biométricos (huellas, iris, rostro y firma) para validar la identidad de forma segura en trámites físicos y digitales, o bien, vincular tu número celular con la CURP para evitar la comisión de delitos.

El problema ya no es únicamente que el Derecho sea complejo. El problema es más profundo: el mexicano promedio vive dentro de un sistema jurídico que sabe leer, pero muchas veces no logra comprender materialmente el alcance de sus derechos y obligaciones. Y, es ahí, quizá, donde se encuentre una de las formas más silenciosas de desigualdad y de una vida digna.

El nuevo analfabetismo; un reto educativo

Durante mucho tiempo, el analfabetismo se entendió únicamente como la incapacidad de leer y escribir. Más tarde surgió un concepto más sofisticado: el analfabetismo funcional.

Una persona analfabeta funcional puede saber leer palabras, frases y textos pero no posee las competencias necesarias para utilizar esa información en su vida social, económica o política, pues puede leer fluidamente un texto, pero no necesariamente comprender sus implicaciones prácticas. Ahí es donde está el problema educativo.

Trasladado ello al ámbito legal y jurídico, este fenómeno adquiere una dimensión especialmente delicada, pues el mexicano promedio puede leer un contrato, un avsio legal, incluso una ley, puede incluso entender algunas palabras legales y jurídicas pero no necesariamente comprende: (i) las consecuencias jurídicas de sus actos; (ii) el alcance de sus obligaciones y los derechos que puede ejercer; (iii) los riesgos que asume; (iv) los mecanismos de defensa que tiene disponibles, entre otros muchos aspectos que debiera comprender.

En otras palabras, puede existir una forma de analfabetismo funcional jurídico.

No se trata de ignorancia absoluta del Derecho, se trata de una incapacidad práctica para operar dentro de él.

El derecho a entender el Derecho

En los últimos años ha surgido un movimiento importante llamado lenguaje claro para la redacción de los documentos legales y jurídicos. La idea es razonable: los contratos, las leyes, las sentencias, los actos de autoridad, entre otros, deben redactarse de manera comprensible para las personas.

Esto ha dado lugar a una primera dimensión que podríamos llamar: el derecho a entender el Derecho. Es decir, el derecho del ciudadano a acceder lingüísticamente a la información legal y jurídica.

Bajo esta lógica, el Estado y las instituciones –no sólo educativas, sino todas en general– tienen la obligación de reducir tecnicismos innecesarios, redactar documentos comprensibles, utilizar lenguaje accesible y facilitar el acceso a la información legal y jurídica, principalmente.

Este avance es fundamental, pues durante décadas, el lenguaje legal y jurídico funcionó como una especie de muralla técnica reservada para especialistas. El exceso de formalismo convirtió muchas veces al Derecho en un territorio inaccesible para las personas comunes y aquí es donde aparece una cuestión decisiva: entender las palabras no significa necesariamente comprender el Derecho.

Comprender mis derechos

Existe una diferencia enorme entre entender un texto legal y comprender verdaderamente sus efectos y consecuencias.

Una persona puede leer una cláusula contractual redactada en lenguaje relativamente claro y aun así no comprender cómo afecta su patrimonio, qué riesgos asume, qué consecuencias futuras tendrá y qué derechos está renunciando.

Ahí aparece una segunda dimensión mucho más profunda: el derecho a comprender el Derecho. Este no sólo garantiza un acceso lingüístico sino que garantiza el acceso cognitivo y material al sistema jurídico.

Comprender el Derecho implica que los mexicanos puedan asimilar la lógica de las disposiciones legales y de las normas jurídicas, entender por qué una decisión le afecta, anticipar las consecuencias jurídicas y ejercer sus derechos de manera informada, en su caso.

Esta distinción ente comprender y entender el Derecho es crucial, porque en una democracia constitucional –como es la mexicana– no puede sostenerse únicamente que los mexicanos sepan “leer” sino que deben comprender el Derecho que tiene para ejercerlo. México necesita ciudadanos que puedan comprender el Derecho, esto es las disposciones legales y las normas jurídicas suficientemente para participar racionalmente en la vida pública y proteger sus propios intereses, así como buscar un país más justo y equitativo.

La vulnerabilidad jurídica cotidiana

La mayor parte de mexicanos nunca ha enfrentado el Derecho ante los Tribunales a través de litigios; en ocasiones, lo máximo que sucede son conflictos en las instituciones públicas del país y ya.

Así, lo que el mexicano promedio enfrenta en su vida diaria, sin temor a equivocarme y mayormente, es el abuso en contratos de adhesión, en servicios financieros, en créditos hipotecarios, en términos y condiciones de plataformas digitales, en seguros, en relaciones laborales, en trámites administrativos, en políticas de privacidad y, en ocasiones, un sistema fiscal que no escucha, con la complacencia de las autoridades e instituciones del país que deben protegerlo inclusive.

Precisamente, ahí es donde está la vulnerabilidad jurídica contemporánea. Muchas personas aceptan obligaciones sin comprender plenamente sus consecuencias económicas, los mecanismos de incumplimiento, las cargas probatorias y los riesgos patrimoniales, que la gran mayoría de las veces se aprender en la práctica y de transmisión de “boca en boca”.

El problema no es mala fe institucional, pues con frecuencia es la complejidad estructural del sistema legal y la falta de funcionabilidad de las instituciones públicas que no ayudan a que los mexicanos confien en éstas, aunado a abogados faltos de ética que al percibir la falta de conocimiento jurídico se aprovechan de sus clientes.

Sin duda, actualmente vivimos en un sistema legal complejo ya que hay un sin número de leyes, reglamentos, reglas, lineamientos, circulares y demás disposiciones administrativas que hiperregulan la conducta de los mexicanos cuya sofisticación supera muchas veces su capacidad práctica de comprensión y con los cuales diariamente interactúamos.

Esto genera múltiples efectos, tales como posibles incumplimientos involuntarios, la desconfianza institucional, la inseguridad jurídica, la dependencia excesiva de intermediarios y un posible aumento de litigiosidad; quizá, lo más grave es que los mexicanos perciben una sensación permanente de fragilidad frente al sistema legal.

La ilusión de la información legal

La era digital ha producido una ilusión peligrosa: creer que el acceso masivo a información y documentación legal equivale automáticamente a comprensión de los derechos.

Nunca en la vida moderna había existido tanta información y documentación legal y jurídica disponible: Leyes, reglamentos, sentencias, doctrina jurídica, incluso contratos y documentos legales generados por inteligencia artificial que están a un clic de distancia.

Pero el acceso a esta información y documentación legal y jurídica no garantiza la comprensión de los efectos y consecuencia legales que ello produce, pues una sociedad puede estar sobreinformada y, al mismo tiempo, profundamente desorientada legal y jurídicamente.

La verdadera brecha no siempre está en la información y documentación legal y jurídica que hay en la red, sino en la desorientada comprensión de los alcances, efectos y consecuencias que estos documentos producen. Ahí es donde el problema, que no sólo educativo sino que se convierte en un problema democrático y de gobernanza, pues no se pueden ejercer los derechos frente a los abusos y arbitrariedades que se comente en la vida cotidiana.

Comprender el Derecho como condición democrática

En un Estado constitucional de Derecho como el nuestro se descansa sobre una premisa básica: las personas deben poder conocer las reglas que gobiernan su vida y cómo ejercerlas. Hoy, quizás, debamos avanzar hacia una idea más ambiciosa: las personas deben poder comprender razonablemente el sistema legal que las regula para exigir sus derechos, de lo contrario, el Derecho corre el riesgo de convertirse en una estructura técnicamente válida pero socialmente incomprensible.

Cuando eso ocurre, aparecen fenómenos preocupantes –quizás como esté sucediendo–, tales como el alejamiento del ciudadano de las instituciones, la desconfianza hacia autoridades, la percepción de abusos y arbitrariedad, el debilitamiento de la cultura de legalidad, entre otras muchos anomalos comportamientos sociales.

La legitimidad democrática no depende sólo de que las dispoisciones legales y las normas existentes sino que depende también de que puedan ser comprendidas materialmente por quienes deben obedecerlas y ejercerlas.

Hacia una nueva alfabetización jurídica

Quizá uno de los grandes desafíos del siglo XXI sea construir una verdadera cultura de alfabetización jurídica funcional. No para convertir a todos los mexicanos en abogados, sino para permitir que las personas puedan desenvolverse con autonomía mínima dentro del ecosistema jurídico contemporáneo y hacer frente ante los abusos y arbitrariedades que enfrentan cotidianamente.

Esto implica avanzar en varios niveles; el primero y más importante quizá sea usar un lenguaje jurídico claro en los actos y negocos jurídicos y, posteriormente, una mayor educación cívica y práctica, una simplificación regulatoria, transparencia institucional, una pedagogía y didáctica legal y jurídica accesible, conocer los grandes temas constitucionales que se han discutido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación o en los órganos del Poder Judicial de la federación que transciende en su vida cotidiana, entre muchos otras aspectos.

Sobre todo, implica reconocer que la comprensión del Derecho ya no es únicamente un problema técnico es una condición de la ciudadanía mexicana que debe atenderse a la brevedad.

Conclusión

Durante mucho tiempo creímos que el acceso a la justicia comenzaba en los tribunales; en mi opinión comienza mucho antes. Comienza –en una primera instancia– cuando una persona puede comprender el contrato que se firma o acepta en la red al comprar o usar una aplicación, en la decisión administrativa que recibe, en la obligación que asume o en el derecho que puede ejercer.

Porque entre entender el Derecho y comprender mis derechos existe una diferencia enorme y quizá en esa diferencia juegue una parte importante de la dignidad democrática de nuestro país cada vez más apatico y participativo en la vida social.

Sobre el autor

Alberto es profesor de Educación Primaria egresado de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) y un abogado mexicano preocupado por la educación en México.

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