El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) y el Foro Consultivo son tres expresiones de una práctica que a partir de la década de los 90 fortalecieron sucesivos gobiernos: crear o impulsar asociaciones civiles y darles importantes funciones públicas. Y esto, a pesar de que, por ser un acuerdo entre particulares, son esencialmente privadas. Así, ahora pueden ostentarse como centro público de investigación, desarrollar funciones estratégicas y estar en una situación privilegiada. El Ceneval AC, por ejemplo, ha obtenido ingresos por un estimado global de 6 mil millones de pesos por aplicar exámenes a cientos de miles de jóvenes (en su mayoría de bajos ingresos) que buscan el ingreso a la educación pública.

En el caso del CIDE, si la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) reciben una suma anual de recursos públicos que equivalen a cerca de 145 mil pesos anuales por alumno, en el CIDE la cifra es astronómica, cerca de un millón de pesos, pues son sólo 400 estudiantes y su presupuesto ronda los 400 millones de pesos. En el caso del Foro Consultivo AC, éste también se sostiene de las entregas de recursos que hace el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), una reciente por 50 millones de pesos.

La creación de estos nichos, rincones privilegiados, cercanos al poder, surge, por un lado, de la dificultad de hacer ágil y creativa a una pesada burocracia gubernamental y, por otro, de la necesidad de contar con centros de elaboración de diagnósticos, escenarios y propuestas de leyes e iniciativas que requieren el ingreso a la modernidad neoliberal educativa. Pero estas asociaciones también sirven para traducir una política educativa a instituciones y equipos para operar procedimiento especializados. Es el caso de quienes diseñaron la depuración masiva de cientos de miles de maestros –encargada al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)– y el de los expertos del Ceneval que diseñaron el procedimiento y el examen que distribuye según género y situación socioeconómica a cientos de miles de aspirantes a la educación. Estas asociaciones cumplen también con fines políticos muy precisos. Por ejemplo, la idea y fundación del Ceneval (en el periodo de Salinas de Gortari, en 1994) no puede separarse de la preocupación estatal de esos años por contener y controlar de algún modo la enorme ola de demanda que preveían las dinámicas demográficas. Al responsabilizar al joven del resultado del examen se desactivaba también la posibilidad de que la responsabilidad se colocara en la falta de espacios suficientes, es decir, en el Estado. A la creciente organización y militancia de los maestros –resultado de las iniciativas de calidad y excelencia de Fox y Calderón–, desde antes de 2012 se propuso la creación de una evaluación también para los maestros, la que se puso a cargo del INEE y en sus antecedentes y materialización y operación hubo una importante contribución desde el CIDE. Y, en 2002, al aprobarse la privatizadora Ley de Ciencia y Tecnología, se decide que el artículo 37 de la ley quede a cargo de una asociación civil. Ahí se establece que el Conacyt debe tener un Foro Consultivo para realizar sus tareas de asesoría, pero la asociación civil retoma el nombre y se hace llamar Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC, formado por académicos y empresarios. Y se le dota de independencia y recursos públicos. Se cayó así en el exceso de conceder al empresariado, no la privatización de los beneficios de la ciencia y tecnología, sino también la participación en el ejercicio mismo de su legalidad.

Por otro lado, con el papel predominante de las AC se agravó la indiferencia respecto del costo social y humano que se derive de sus iniciativas. Como particulares y con fuerte tendencia privatizadora, asociaciones como el Ceneval nunca se asumen como responsables de los daños causados (suicidios y depresión) por la aplicación masiva e industrial de exámenes deficientes, ni en el caso de los promotores del INEE por los saldos en despidos, encarcelamientos, heridos y muertes causadas por la violenta respuesta que generó el Estado para obligar a que se aceptaran procedimientos irresponsablemente concebidos desde ámbitos particulares.

Finalmente, la actual crisis en el CIDE es reveladora. Muestra que la manera totalmente irregular en el origen y formato de estas entidades genera conflictos para el propio Estado y perjudica a estudiantes y académicos. Hay una crisis de identidad y de legalidad desde el Ceneval, el Foro y ahora el CIDE, pues no se sabe si es pública o privada. Aunque cobra hasta 35 mil pesos por semestre y obliga a los aspirantes a padecer hasta tres evaluaciones distintas. Pasar a la autonomía significaría seguramente el fin de privilegios y difícilmente el Congreso les daría una facultad que otros no gozamos: elegir directamente a nuestros rectores o rectoras. Y, ya hablando de privilegios, destacan los del Ceneval, que goza de la concesión de evaluar como ente privado a quienes desean ingresar a la educación pública.

Hugo Aboites es profesor-investigador de la UAM-Xochimilco