El neoliberalismo fue impuesto a la sociedad mexicana con base en el postulado de que todo es mercancía, idea perversa contraria al acuerdo civilizatorio que reconoce la existencia de derechos humanos inalienables. Este postulado promovió la privatización del conocimiento, de la ciencia y de la educación. Privatizar el conocimiento significa eliminar el papel de la escuela como servicio público.

En el caso de nuestro país, los constituyentes de 1917 plasmaron en el artículo tercero de la Constitución el sueño liberal republicano expresado por José María Morelos: Que se eduque a los hijos del labrador y del barretero como a los hijos del más rico hacendado. La creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) hace 100 años concretó, desde la acción del Estado, el manifiesto luminoso del Siervo de la Nación.

El Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), concebido desde el neoliberalismo para supuestamente asegurar el fomento de la educación e investigación, desde una perspectiva de calidad académica por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, impuso esquemas de organización productivistas y mediatizó los criterios académicos; fomentó la aparición de múltiples programas en respuesta a designios y prioridades del mercado e intereses privados, en menoscabo de maestrías y doctorados en ciencias y humanidades o tecnologías y especialidades prioritarias en las mejores Instituciones de Educación Superior (IES) públicas.

Se llegó al extremo de cuantificar el número mínimo de alumnos por investigador que se graduaban cada año como un indicador de calidad del posgrado, sin tomar en cuenta ni la pertinencia social ni el rigor epistemológico. En cuanto a la ciencia, el productivismo dio lugar a la simulación, consistente en asociar a estudiantes a proyectos cuyo único resultado consistía en la publicación, pagada, de reportes intrascendentes en revistas científicas también irrelevantes. Ni formación de nuevos investigadores en ciencias y humanidades, ni ciencia de frontera, ni aplicaciones a problemáticas del país, esa es la realidad que acompañó el modo neoliberal de fomento que fue implantándose en México.

Pese al sabotaje constante, la resistencia que las comunidades científicas y académicas presentaron ante el dictado neoliberal sostuvo el esfuerzo nacional en ciencia, tecnología y humanidades en importantes IES. Sin embargo, la aquiescencia de la administración pública federal con el credo neoliberal dio lugar a problemas importantes. El más grave de los cuales radica en la mercantilización del posgrado. Cerca de 400 mil alumnos siguen estudios de posgrado en México, pero sólo 36 por ciento están inscritos en programas de IES públicas. La mayoría de los posgrados privados son un negocio que vende conocimiento con poco énfasis humanístico, científico o aplicado a la incidencia social y ambiental.

¿Por qué un mexicano preferiría seguir un posgrado privado y no uno público? Por una razón no muy distinta a la que explica por qué un niño prefiere comida chatarra peligrosa para su salud a la ingesta de alimentos nutritivos. La mercadotecnia es un factor importante. En el caso de los programas de posgrado públicos, el credo neoliberal atomizó el esfuerzo nacional, proliferando programas obligados a bajar el nivel académico para competir por los magros recursos provenientes del erario. La ausencia de prioridades nacionales dio lugar a la ocurrencia de fenómenos vergonzosos. Posgrados serios dedicados a la formación de maestros y doctores en ámbitos de las ciencias naturales, físico-matemáticos o sociales, así como los dedicados a la formación de historiadores, filósofos y artistas, han carecido tanto de becas de manutención como de recursos para realizar proyectos de investigación.

Es importante insistir que el desmantelamiento del posgrado público nacional ha tenido consecuencias graves y ha puesto incluso en peligro a México. La pandemia en curso ha puesto de manifiesto la dolorosa carencia de médicos especialistas y expertos en desarrollo de vacunas, virología aplicada y otras áreas de la ciencia. Esto es un ejemplo de lo que resulta cuando se abandonan prioridades nacionales, prefiriéndose la formación costosa de especialistas financieros en universidades del primer mundo y no la de médicos necesarios para que el Estado pueda cumplir el derecho universal a la salud.

El nuevo Conacyt de la 4T se ha comprometido con el respeto al derecho humano a la ciencia y a una educación de excelencia, priorizando la transformación de la estructura del posgrado nacional. Los Centros Públicos de Investigación asegurarán en lo inmediato la gratuidad en la formación de sus estudiantes, garantizado además el acceso universal a becas de manutención. Así mismo, se ha reformado el sistema de becas, para asegurar que todo estudiante aceptado en maestrías o doctorados de IES públicas, tanto en el ámbito de las ciencias físico-matemáticas, químico-biológicas, de la tierra y sociales, como en el de las tecnologías, las humanidades y las artes, cuente con su beca, la cual tramitará de manera directa, sin intermediarios y con agilidad. Además, desde 2021 se estableció un programa prioritario que se reforzará, para becar a médicos que deseen especializarse en México o en el extranjero.

Los becarios con convenios vigentes con el Conacyt, resultado del PNCP seguirán recibiendo sus becas según esos convenios. Los cambios en los mecanismos de asignación de becas aplicarán a partir de 2022. El Conacyt respetará las autonomías de las IES, quienes seguirán estableciendo los criterios para generar posgrados, sus contenidos curriculares, así como criterios de aceptación, permanencia y terminación. Con el nuevo Sistema Nacional de Posgrados, que sustituirá al PNCP, y la renovación del Reglamento de Becas, se fortalecerá la educación de posgrado y la ciencia como derechos en beneficio de los estudiantes.

 María Elena Álvarez-Buylla Roces es Directora general del Conacyt