Había una vez un mundo sin leyes, donde la voluntad de jefes tribales, caudillos y nobles era la única fuente del derecho. Pero hace 2,500 años empezó en Roma una dura batalla para lograr que las leyes fueran iguales para todos. Los esclavos y plebeyos se negaron a obedecer a los magistrados, todos patricios, y fundaron su propia ciudad en el Monte Sacro.

Desertaron del ejército y dejaron a los aristócratas plantados en sus mansiones, con las cocinas vacías y los suelos sin barrer. Por una vez —algo insólito—, eran los pobres quienes querían independizarse de los ricos. Pusieron una condición para regresar: leyes escritas, al alcance de todos.

Querían tocar con la yema del dedo los trazos de esas deseadas frases en piedra que garantizarían reglas del juego iguales para cada cual, al margen de su cuna o fortuna. Tras décadas de lucha, los revolucionarios lograron su objetivo: los códigos escritos se convirtieron en una herramienta para controlar a las autoridades. Siglos después, Cicerón, filósofo y político, escribiría: “Somos esclavos de la ley para poder ser libres”.

El pensador romano, que conoció el convulso fin de la república, sabía que sin leyes públicas y compartidas los derechos no son más que papel —o papiro— mojado. Y en ese vacío no somos más libres, sino que volvemos a ser súbditos de la arbitrariedad de los poderosos.