Cambia el año, pero seguimos inmersos en tiempos delicados. ¿Cómo examinar desde el pensamiento crítico el complejo mundo de la política de este país? Dos plataformas teóricas nos dan la posibilidad de una mayor perspectiva sobre lo que vive y sufre el gobierno de la 4T en su segunda etapa o piso (2024-2030).

La que hemos formulado desde hace más de una década bajo el nombre de “teoría de los tres poderes”, y la que procede básicamente de la obra de Guillermo Bonfil-Batalla México profundo, una civilización negada (1987).

La primera, que es el fundamento de la ecología política, especifica la existencia de tres poderes en el mundo contemporáneo: el político (partidos y gobiernos), el económico (mercados, empresas y corporaciones) y el social (sindicatos, cooperativas, comunidades, ejidos, gremios, sociedades civiles).

En un gobierno neoliberal domina el económico sobre los otros dos; en uno estatista domina el político, y en uno social la sociedad civil. Un verdadero gobierno de izquierda (aún inexistente) es aquel capaz de mantener controlado al capital, mientras empodera, gradual o súbitamente, a la sociedad.

Durante su primera etapa la 4T cambió radicalmente el rumbo de la gobernanza respecto de los 30 años de neoliberalismo, dedicando grandes recursos a apoyar, a manera de salvamento o emergencia, a millones de familias marginadas.

Sin embargo, en sus acciones “ofreció los peces, pero no enseñó a pescar”. Salvo tres excepciones: el programa Sembrando Vida y La Escuela es Nuestra, ejecutados por la Secretaría del Bienestar, y Las Escuelas de Campo, de la Secretaría de Agricultura, que son parte de una Estrategia de Acompañamiento Técnico donde trabajan 4 mil 500 técnicos en 34 regiones del país. La Escuela es Nuestra lleva como objetivo primordial la dignificación de los planteles educativos del sector público (de prescolar a secundaria) a través de mejoras en construcción, mantenimiento, equipamiento o servicios (luz, agua, drenaje, Internet), mejoramiento de horarios y alimentación, etcétera, todo mediante la creación de Comités Escolares de Administración Participativa, integrados principalmente por padres de familia elegidos vía una asamblea, quienes se encargan del ejercicio de los recursos asignados en función de las necesidades y en acuerdo con los maestros. El total de escuelas apoyadas fue de 173 mil 670 (https://laescuelaesnuestra.sep.gob.mx/).

Por su parte entre Sembrando Vida y Escuelas de Campo se llega a 950 mil familias rurales con propiedades mínimas, y forman parte de una política generalizada de apoyar fundamentalmente a los pequeños productores del campo.

En el primer caso, 450 mil productores y sus familias están organizados en 18 mil cooperativas o CAC (Comunidades de Aprendizaje Campesino) en unos mil municipios, en tanto existen 4 mil 750 Escuelas de Campo con otros 400 mil participantes. Estos tres proyectos empoderaron a la sociedad y serán mantenidos no solamente en el presente sexenio, pues han quedado promulgados en las reformas constitucionales recientes.

La idea entonces que intentamos dejar con claridad es la de empoderar, no sólo auxiliar o apoyar, a “primero los pobres”. Esta visión es clave y debería orientar centralmente las políticas de la actual administración en varios sectores de la sociedad mexicana. Para comenzar con los 32 mil 251 núcleos agrarios (29 mil 827 ejidos y 2 mil 424 comunidades) que poseen y usufructúan la mitad del territorio nacional (casi 100 mil hectáreas), a los sindicatos que demuestren practicar sin duda alguna una democracia participativa, y a las innumerables experiencias que existen de organizaciones civiles del campo y la ciudad, como las de los productores de café que se han organizado por regiones, estados y a escala nacional, o la Cooperativa Acapatzingo de mujeres de Iztapalapa en Ciudad de México (ver libro de Cesar Enrique Pineda publicado por el Instituto Mora: https://www.institutomora.edu.mx/Investigacion/CesarPineda/SitePages/Publicaciones.aspx )

La segunda plataforma teórica se encuentra en las páginas de México profundo, donde se propone la existencia de una geometría política derivada de la larga y rica historia de lo que fue Mesoamérica, un complejo civilizatorio de innumerahles culturas que, distinguidas por la lengua, alcanzaron más de 100 antes de la llegada de los europeos.

Como lo señalamos en la primera parte de este ensayo, la segunda plataforma teórica que es de utilidad para entender los desafíos de la Cuarta Transformación (4T) es la que está contenida en la obra México profundo, una civilización negada (1987), de Guillermo Bonfil-Batalla. En ese libro su autor distingue entre tradición (México profundo) y modernidad (México imaginario), el primero visualizado en la periferia y el segundo en el centro, dos espacios donde habitan dos diferentes modelos civilizatorios en permanente interacción.

El primero de carácter rural, producto de la larga historia de la civilización mesoamericana de varios miles de años, y representado por los pueblos indígenas u originarios y comunidades equiparables (campesinos mestizos). El segundo resultante de la inserción del país en el mundo urbano industrial y en consecuencia en la globalización. La pregunta es: ¿qué tanto prevalece esta situación hoy en día dado que fue formulada por Bonfil-Batalla hace 37 años? La respuesta la encontramos en dos fuentes estadísticas: el Censo General de Población y Vivienda 2020 y el recientemente publicado Atlas de la propiedad social de la tierra en México, 2024. El primero deja la población urbana en 79 por ciento y la rural en 21 por ciento con la novedad de que esta última no sólo se mantuvo en relación con lo registrado en 2010, sino que se incrementó ligeramente. El Atlas, por su parte nos indica, mediante 60 mapas de gran detalle, que la mitad del territorio del país (99.6 millones de hectáreas) sigue siendo propiedad social: 32 mil 251 núcleos agrarios con 29 mil 827 ejidos y 2 mil 824 comunidades. Lo anterior sigue vigente a pesar de la contrarreforma agraria de Carlos Salinas de Gortari, de 1992, que modificó el ­artículo 27.

Este panorama se torna decisivo cuando lo situamos en el contexto de los valores civilizatorios. En el México imaginario tiende a predominar el individualismo, la competencia y el racionalismo; en el México profundo, por el contrario, prevalece el sentido de comunalidad, la ayuda mutua, la solidaridad y el senti-pensamiento. Desde esta perspectiva una política de Estado debe favorecer lo centrípeto (ruralizar las ciudades) por sobre los centrífugo (urbanizar e industrializar el campo).

En el fondo se trata de reconocer lo que hemos sostenido desde hace tiempo. Si la modernidad está en crisis, es en los pueblos tradicionales donde encontraremos cosmovisiones, saberes y prácticas para superarla.

Concluyendo. Considero que en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo, que está movilizando a miles de voces en decenas de seminarios, talleres y reuniones, no se debe perder de vista la discusión filosófica y ética, y por supuesto una perspectiva de largo plazo. Tomemos solamente el tema de la pobreza o marginación social que dejaron los 30 años de neoliberalismo como ejemplo trágico de un país devastado. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el pasado año 37.7 millones de mexicanos padecen pobreza moderada y 9.1 millones pobreza extrema, equivalentes a 36 por ciento de la población nacional. Si el gobierno de AMLO logró en seis años (2019 a 2024) rescatar de la pobreza a entre 9 y 10 millones, nuevos gobiernos progresistas necesitarían cuatro sexenios o 24 años para alcanzar una nación sin pobres.

Ello deja claro que el actual gobierno deberá al menos duplicar el esfuerzo del sexenio pasado (primero los pobres) para abatir este problema que tanto lastima y avergüenza.

Ojalá y así sea.