En contraposición a los principios educativos que se deberían impulsar desde la Cuarta Transformación, el pasado examen de admisión al IPN es una ventana a violaciones a la Carta Magna y tratados internacionales que debe poner en alerta a todo el sistema educativo nacional. Existen irregularidades que vale la pena enlistar para evitar aún más el deterioro en la educación superior en relación con el artículo 3 constitucional. De forma preocupante, además, se pasaron por alto los principios que rigen la Convención Sobre los Derechos del Niño y la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes (LGNNA). Se violaron preceptos fundamentales a menores de edad consagrados en el artículo 13 de la LGNNA, que garantiza el derecho a no ser discriminado, a la educación, a la seguridad jurídica y al debido proceso.

En primer lugar, la forma en que se aplicó el examen de admisión en línea golpeó de forma directa a los aspirantes de bajos recursos de la ciudad, pero especialmente a los provenientes de zonas rurales del país. Según la última Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, del Inegi, sólo 66.4 por ciento de los 35 millones de viviendas tienen acceso a Internet. El Instituto Federal de Telecomunicaciones reconoce que sólo 56.5 por ciento son usuarios de Internet en zonas rurales. Los estados con menor porcentaje de usuarios de Internet son Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Esto es completamente discriminatorio y no coloca en igualdad de condiciones a quienes buscan ingresar. Se les solicitó contar con algo que ni el propio Estado garantiza para toda la población violando la equidad y el principio de inclusión que debe aplicarse según el artículo 3 constitucional.

Si esto fuera poco, a cada aspirante se le exigió tener una computadora en un ambiente cerrado y contar con especificaciones técnicas: micrófono, cámara, velocidad de Internet constante y espacio en la computadora para un software especial. Si un aspirante de bajos recursos quería ir a un cibercafé a realizar el examen lo más probable es que el ruido del ambiente lo descalificará por default por cómo fue diseñado el software, que no tomó en cuenta los diferentes escenarios que se podrían presentar en estudiantes provenientes de familias pobres. Esto por supuesto no garantiza la dignidad humana de la adolescencia como marca el artículo 57 de la LGNNA sobre el derecho a la educación.

Peor: de forma muy delicada y autoritaria el Instituto Politécnico Nacional (IPN), de forma oficial, lanzó un comunicado institucional donde afirmaba que se cancelaba el examen a 799 aspirantes por actividades no permitidas, los acusaba con eufemismos de copiar durante el examen, y que además tenía las pruebas. Sin un mecanismo claro de por medio, fueron juzgados y se les decretó una sanción sin posibilidad de defender y ser vencidos en un juicio justo. Estas aseveraciones son muy graves, ya que lastiman la integridad emocional de los aspirantes que fueron responsabilizados a rajatabla; la autoridad no se puso a pensar que quizás el software que usaron solicitaba especificaciones con las que aspirantes de bajos recursos no contaron. Ni el Consejo General Consultivo (CGC) ni la Comisión de Ética del IPN se han pronunciado al respecto de tan duros señalamientos. No hubo debido proceso para tal determinación académica y administrativa.

En segundo lugar, habría que decir que el IPN ha adoptado un esquema de total opacidad y discrecionalidad del manejo de los recursos públicos. A juego de la eliminación de su fideicomiso, que fue un acierto de la SEP por los manejos opacos que se prestaban a la corrupción, las autoridades del IPN generaron un esquema de triangulación que le permitió operar un mecanismo lejos de toda transparencia. Se ha abusado de la figura legal de una asociación civil (AC), la Fundación Politécnico, para manejar recursos públicos que deberían entrar por mandato de ley al órgano descentralizado auxiliar creado para tal fin, la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas.

La actual administración decidió mantener la relación con la fundación a pesar de haber existido múltiples denuncias y una demanda en su contra por parte del propio IPN. Esto sucede porque, al ser una AC, puede adjudicar contratos sin licitación, como sucedió con la empresa encargada de aplicar el software del examen de admisión. De forma sorprendente el software del examen tampoco fue obra de investigadores del Centro Nacional de Cálculo o de la Escuela Superior de Cómpu­to, ni mucho menos por el Centro de Investigación en Computación. Se optó por privatizar el examen, a pesar de que dentro existen las capacidades. Además, se les exigió a los aspirantes depositar el dinero del examen de admisión, no al IPN, sino a la fundación. Lo más alarmante es que ni el Órgano Interno de Control ni el CGC pueden exigirle transparentar los recursos, porque no se rige por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por esta razón no están obligados a responderle ni a la dirección general, como ya ha sucedido en el pasado.

Por último, pero no por ello menos importante, durante la etapa más dura de la pandemia, sin vacuna de por medio, tanto docentes como personal de apoyo y asistencia a la educación colaboraron en la realización del examen presencial para el cuidado de los aspirantes. Año tras año la comunidad politécnica espera este momento para recibir un ingreso extra, sobre todo si se piensa toda la precarización laboral a la que ha sido objeto, este ingreso es esperado por muchas familias. Se cercenó a los trabajadores un recurso económico que fungía como un derecho de facto para entregárselo a una trasnacional.

La violación de derechos es grave, pero lo es aún más en menores de edad. Lo antes descrito es un severo retroceso, forma parte del proyecto neoliberal de las viejas estructuras del IPN que permanecen incrustadas en los órganos de gobierno. Esto no representa ni los principios fundacionales cardenistas ni mucho menos los de la Cuarta Transformación. Tanto la CNDH, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación deben poner orden y ante todo priorizar el interés superior de los menores de edad involucrados. La democratización del IPN parte de este principio, las autoridades educativas deberían saber que no pueden jugar a los aprendices con esto. Urge ­rectificar.

Cesar Iglesias es Docente de la ESCA Tepepan